Los dos principales aspirantes a la presidencia de Colombia prometen acabar con la violencia

ENVIADO ESPECIALUn viajero maniatado en el pasillo recordó que Gloria Stephan cantaba No te dejaré cuando comenzó el ultraje de dos mujeres en los asientos traseros del autobús, asaltado el miércoles pasado en Bogotá. El bestial saqueo de los 40 pasajeros duró cuatro horas, y fue imposible la resistencia porque los ocho bandoleros urbanos golpeaban con las culatas y amenazaron con recortadas y armas imponentes. El liberal Ernesto Samper y el conservador Andrés Pastrana, principales candidatos en las elecciones de hoy por la presidencia de Colombia, prometen diezmar estas bandas y reducir con empleo, negociación o a la fuerza la violencia común, política y mercenaria.

Promover una cultura de la paz será el principal desafío del ganador en una terna de 18 aspirantes. Objetivo nada fácil, porque en un santuario de Medellín los sicarios más devotos aún encomiendan a la Virgen su puntería y piden a la Señora morir como justos. Samper aventaja a Pastrana por escaso margen en las últimas encuestas de uno de los comicios mas reñidos de América Latina. Si nadie consigue el 51% se irá a una segunda vuelta el 19 de junio.La politóloga Pilar Gaitán, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional, indica que los liberales ganaron siempre cuando, como en esta ocasión, se presentaron unidos. Pastrana, cuya imagen y ojos claros sumaron muchos apoyos, cuenta con mayor apoyo entre los jóvenes de 18 a 35 años y las mujeres; puede beneficiarle el desgaste liberal en sus dos cuadrienios de Gobierno. Ocurre, sin embargo, que el presidente César Gaviria concluye su mandato con un 53% de apoyo a su gestión, según el diario El Tiempo y el Centro Nacional de Consultoría.

Colombia, con una población de 34 millones de habitantes y un electorado de 17 millones, celebra la consulta sin los asesinatos y bombazos narcoterroristas de cuatro años atrás, prospera en las clasificaciones de los bancos de inversión, sus índices de inflación son más bajos que los registrados en otros países vecinos y la economía creció más de cinco puntos en 1993.

Pese al virtual estado de guerra en algunas regiones, el nuevo presidente administrará un país que figura como uno de los mercados suramericanos más apetecidos por el capital exterior. La apertura emprendida por Gaviria rinde sus frutos en las estadísticas oficiales, y aunque los precios del petróleo y el café cayeron, se pronostica este año un crecimiento de cuatro puntos.

Miles de homicidios

Pero estos índices no han podido impedir el enquistamiento de otros más tristes y antiguos: el pasado año se perpetraron 29.413 homicidios, el 10% de los cometidos en todo el planeta; el paro encubierto y la corrupción son difícilmente calculables; Amnistía Internacional continúa denunciando sistemáticas violaciones de los derechos humanos; el dinero del narcotráfico distorsiona el sistema financiero y cambiario centrifugando más de mil millones de dólares anuales; los salarios son muy bajos; la educación, deficiente, y el descrédito de la clase política es grande entre los millones de colombianos que, incrédulos, no votarán.Los colombianos no confían en un pronta solución de sus problemas; Samper y Pastrana tampoco, aunque prometen algunos arreglos rápidos. El enmarañamiento de la violencia no permite un gran optimismo. El Instituto de Estudios Políticos observa un desdibujamiento de las diferencias entre la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo en sus métodos y objetivos; y el Gobierno asegura que muchos de los alzados en armas colaboran ahora con bandas criminales en la comisión de secuestros de tal manera que las fronteras ideológicas Y Políticas entre todos ellos tienden a desaparecer. Aun siendo esto así, cuando la pobreza supera el 45% no resulta difícil la leva de asesinos ni el alistamiento del paro en guerrillas o pelotones.

Hernando Valencia Villa, procurador delegado en Derechos Humanos y Patrimonio en la Procuraduría General de la Nación, dirige un equipo de 20 abogados y trabaja sobre 500 expedientes. Ha sancionado administrativamente al 60% de los funcionarios investigados. Sus competencias punitivas no llegan más allá. En su despacho de Bogotá comenta a este diario: "Corrigiendo muchas deficiencias y trabajando duro Colombia no recuperará la normalidad hasta dentro de unos ocho o nueve años".