Relevo en la fiscalía

ES DIFICIL saber qué ha influido más en el cese de Eligio Hernández como fiscal general del Estado, si su falta de sintonía con el nuevo equipo dirigente de Justicia e Interior, su deseo de quitarse de en medio en vísperas de que el Tribunal Supremo decida, con toda probabilidad, la ilegalidad de su nombramiento, o ambas cosas a la vez. Era evidente que su continuidad en el cargo se hacía insostenible según se acerca la fecha de ese veredicto judicial anunciado. Pero también lo era que es incompatible con el ritmo y el estilo impuestos por el ministro Belloch desde la dirección del nuevo Ministerio de Justicia e Interior. Su cese ayer, oficialmente a petición propia, no hace sino confirmar una situación de hecho que se había ido gestando a lo largo de los últimos meses.El nombramiento de Eligio Hernández, hace dos años, como fiscal general del Estado fue un ejemplo de lo que un Gobierno no debe hacer cuando ejerce su facultad de proponer al máximo responsable del ministerio fiscal: escoger a una persona cuya entusiasta sintonía con el Gobierno era notoria y siempre excesiva; restaurar una de las prácticas más reprobables del pasado, como es el trasiego de cargos desde el área gubernativa al ministerio fiscal, y, sobre todo, forzar la legalidad al computar, dentro de los 15 años de ejercicio efectivo de la profesión de jurista exigidos para acceder al cargo, los ocho años en que desempeñó funciones de gobernador civil y de delegado del Gobierno en Canarias.

Las dudas de legalidad sobre el origen de su designación le han restado legitimidad. También han provocado un permanente deterioro de, sus relaciones con jueces y fiscales. Quizá sean estos factores los que expliquen el afán de protagonismo y la facundia que han caracterizado su actuación, así como la militante presteza con que siempre ha cumplido en su más mínimo detalle los deseos del Gobierno. Su exceso de celo en demostrar lealtades, siempre rayano con el servilismo, ha, dañado a la institución y al propio Gobierno que lo nombró. Puede que quisiera contrarrestar así la debilidad de su posición.

El relevo de Eligio Hernández el quinto que se produce con Gobiernos socialistas en la Fiscalía del Estado es una buena ocasión para dejar de lado definitivamente las prácticas que han cuestionado los nombramientos para este cargo. La trayectoria biográfica y profesional del magistrado Carlos Granados, propuesto por el Gobierno para suceder a Eligio Hernández, parece responder a esa expectativa: es políticamente independiente, es un jurista de reconocido prestigio con más (de 15 años de ejercicio efectivo en la profesión y cumple el resto de los requisitos exigidos por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Es decir, que en esta ocasión el Gobierno se ha propuesto respetar el marco estatutario en la designación de fiscal del Estado. Buena señal

Es de desear que a partir ¿le ahora mantenga también ese propósito en sus relaciones con el ministerio fiscal y no interfiera con criterios de oportunidad política en los principios de legalidad e imparcialidad que éste requiere. Si lo hubiera hecho en el pasado, se habrían evitado poléirticas a veces absurdas e interesadas sobre la independencia del ministerio fiscal y la forma de designar a su máximo titular. El marco legal que impide que la Fiscalía General del Estado se convierta en un órgano gubernamental existe, y no es otro que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, consensuado por todos los grupos políticos en 1981. Sólo es necesario que el Gobierno lo respete, que la oposición lo exija y que los órganos internos del ministerio fiscal funcionen como deben. Ni más ni menos.