Una explicación

CON SU reciente dimisión como presidenta de la Cruz Roja, Carmen Mestre no ha saldado enteramente las responsabilidades contraídas durante los años en que ha estado al frente de esta institución. Hacer mutis por el foro no basta cuando se deja tras sí una gestión envuelta en la sospecha y salpicada de numerosos puntos oscuros. Éstos deben ser aclarados. Moral y políticamente está obligada a dar una explicación pública de su gestión.Pero no sólo Mestre debe explicarse. También deben hacerlo, en lo que les corresponda, la ex ministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández y, llegado el caso, la actual titular de este departamento, Cristina Alberdi. Esta última no ha eludido una posible comparecencia ante el Parlamento para explicar "lo que estimen oportuno los diputados y senadores". Mientras, la ex presidenta de la Cruz Roja, que es la que más cosas tiene que decir al respecto, parece rehuirla. De su versión depende, más que de ninguna otra, que su gestión al frente de la Cruz Roja pueda ser entendida sólo como una discutible o incluso desacertada forma de administrarlos recursos económicos y patrimoniales puestos en sus manos y no como una manifestación de despilfarro y aprovechamiento personal.

De su versión, aunque no sólo. Hechos tan llamativos, entre otros, como el creciente endeudamiento de la Cruz Roja hasta alcanzar los 15.000 millones de pesetas, la oscura permuta de su antigua sede central, la falta de justificación ante el Tribunal de Cuentas de las subvenciones públicas. (unos 2.500 millones de pesetas al año procedentes del 0,5% del IRPF) o el impago de 7.530 millones de pesetas de cuotas a la Seguridad Social exigen una exhaustiva investigación externa.

No hace siete años que la. Cruz Roja Española se dotó de unos estatutos -los primeros tras los aprobados por el Gobierno franquista de Burgos en 1937con los que pretendió adaptarse a los tiempos actuales y ponerse en línea con las instituciones de igual carácter que funcionan en las sociedades democráticas europeas. Objetivos básicos de esa renovación fueron su democratización interna -eliminación de las formas militarizadas que, en un remedo retórico del Ejército, caracterizaron durante lustros su estructura y funcionanmiento- y su saneamiento económico, lastrado por un déficit crónico superior a los 7.000 millones de pesetas. Es posible que se haya conseguido el primer objetivo. Pero el segundo se ha alejado cada vez más en estos años. Con ello se ha puesto: en riesgo la credibilidad social de la institución y la tarea humanitaria que lleva a cabo.