El PP denuncia irregularidades financieras en el Insalud y cobro de "mordidas" a médicos

El portavoz de Sanidad del PP, Enrique Fernández Miranda, lanzó ayer graves acusaciones contra hospitales del Insalud y concertados para justificar la comparecencia urgente de la Ministra de Sanidad en el Congreso solicitada por su partido. "Despilfarro", "mala gestión" "cuentas irregulares", e incluso, la exigencia de "mordidas" a los médicos responsables de ensayos clínicos, fueron algunas de las acusaciones vertidas por Fernández Miranda en conferencia de prensa, alguna de las cuales han sido justificadas y rechazadas por los responsables.

El portavoz Popular denunció la existencia de tres cuentas corrientes, sin control, a nombre de fundaciones o asociaciones de carácter privado a beneficio de hospitales del Insalud o concertados que, en su opinión sirven para la recepción de comisiones ilegales procedentes de proveedores sanitarios.Existe una cuenta a nombre de Fundación Amigos del Hospital Ramón y Cajal creada con fines sociales y culturales en 1990. Según fuentes del centro, está totalmente desvinculada de la dirección o gestión hospitalaria y su saldo, sin movimientos en los últimos años, es de 172.559 pesetas

Fernández Miranda presentó igualmente una fotocopia de la petición de José María Rivera Guzmán, siendo director del Doce de Octubre, para abrir una cuenta corriente en la Caja de Ahorros a nombre de Asociación de Amigos del Hospital Doce de Octubre, de la que solo él y un secretario tenían firma autorizada. Según otra fotocopia aportada, con membrete del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Caja de Madrid ingresó en esta cuenta tres millones de pesetas como subvención, tras abrir una sucursal en el citado hospital. El actual gerente del Doce de Octubre, Ramón Gálvez, negó ayer a la agencia Efe que el centro tenga abierta una cuenta "ni como fundación, ni como hospital".

Fernández Miranda denunció finalmente la existencia de la cuenta corriente 20066928 de la Caja Postal de Madrid a nombre de Complejo Hospitalario San Carlos (Hospital Clínico San Carlos, de Madrid), en la cual dijo que se ha obligado al menos a seis médicos a pagar con cheques al portador cantidades entre las 50.000 y las 75.000 pesetas por sus ensayos clínicos, sin recibir ningún tipo de justificante. El PP tampoco presentó prueba alguna argumentando que "los médicos tienen miedo a hablar". Pese a las reitaradas llamadas efectuadas, EL PAÍS no consiguió ayer hablar con el gerente del centro.Fernández Miranda asegura que Sanidad dispone de auditorías de casi todos los hospitales públicos que su partido quiere conocer. En este sentido, el PAÍS ha tenido acceso a un informe confidencial del Instituto Carlos III de Madrid en el que se revelan importantes irregularidades administrativas en cuanto a contratos, contabilidad y apertura de cuentas corrientes. Las conclusiones han sido elaboradas por su actual gerente, José Borrell, sobre la base de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado durante 1991 y 1992. "El descontrol y las irregularidades administrativas en la tramitación y ordenación de los expedientes (asistencia técnica y servicios) ha sido absoluto", sostiene Borrel en el mismo. La deuda con la Seguridad Social acumulada por este centro era, a finales de 1992, de 859.929.029 millones, pero no se ha encargado una auditoría financiera.