Las previsiones económicas para 1994 enfrentan a la Comisión Europea con los ministros de Economía

Comisión Europea y los ministros de Economía de los Doce reanudaron ayer sus tradicionales hostilidades nada, menos que en tres frentes: las cifras de las previsiones económicas para 1994, la financiación de las grandes redes transeuropeas y el control sobre la actividad legislativa de la UE. Voluntarismo y pragmatismo se enfrentaron ayer una vez más, a poco más de un mes de la cumbre europea de Corfú, en la que los Doce deben revisar la marcha del Libro Blanco sobre el Empleo y aprobar el ejercicio anual de las Grandes Orientaciones de Política Económica.

La Comisión ha realizado unas previsiones económicas prudentes (crecimiento de 1,6% este año y 2,5% el próximo), pero a los Estados socios les conviene lanzar las campanas al vuelo. El ministro de Economía, Pedro Solbes, aseguró que "son un poco pesimistas". Para España, la Comisión prevé un crecimiento del 1,1 % para 1994 y del 2%-2,3% para 1995, mientras que el Gobierno piensa en un 1,3% y un 2,6%, respectivamente. También la previsión de inflación varía, desde el 4,8% de la Comisión hasta el 4,2% del Gobierno, al igual que el déficit: 7,2% la Comisión y 6,4% el Gobierno.No fue Solbes el único en diverger de los análisis de Bruselas. El británico Kenneth Clarke, que cuenta ahora mismo con la mejor economía de la UE (2,3% para 1994 y 2,5% para 1995), aseguró que las previsiones "son totalmente incorrectas", indicando que su país está en plena recuperación que su inflación está en claro retroceso.Las previsiones económicas tanto de la Comisión como de los Estados miembros concuerdan en que el crecimiento económico previsible para los próximos meses no irá acompañado de una disminución de las tasas de paro, que se situarán en el 11,7% al final de este año después de alcanzar el 10,9% el pasado mes de marzo. En el caso español, la cifra del paro será del 23,4%, según la Comisión y una décima menos según el Gobierno.

La curva ascendente del desempleo sitúa todavía más en el centro de la actualidad política el Libro Blanco sobre la Competitividad, el Crecimiento y el Empleo, aprobado el pasado mes de diciembre como estrategia europea para la creación de puestos de trabajo.

Dentro del Libro Blanco, la Comisión, y sobre todo su presidente Jacques Delors, quieren encontrar financiación mediante la emisión de eurobonos para cubrir 8.000 millones de ecus (1,2 billones de pesetas) anuales para las grandes redes, mientras que los cajeros de los Doce aseguran que basta con el dinero disponible mediante el BEI (Banco Europeo de Inversiones). Delors fue a quejarse a los ministros de Exteriores, visto el poco caso que le han hecho hasta ahora los titulares de Economía. Pero el resultado final es que en Corfú sólo se decidirá la lista de los diez proyectos colosales, sin que quede claro de dónde saldrá el dinero.

Delors, finalmente, rechazó la idea alemana, apoyada calurosamente por los británicos, de realizar una auditoría exterior sobre los obstáculos a la creación de empleo presentes en la normativa comunitaria. El presidente de la Comisión no quiere aceptar que se presente a las instituciones comunitarias como obstáculos a la creación de empleo y que además se las puentee para realizar un control de este tipo. Su portavoz aseguró que la lógica de esta propuesta lleva "a desmantelar el Mercado Interior".

El Ecofin (consejo de ministros de Economía y Finanzas) dio su aprobación definitiva, ya sin discusión, a la directiva sobre garantías de depósitos en bancos, que establece un sistema mínimo de protección para los depositarios de toda la UE. La directiva establece una cláusula de no exportación, que impide hasta finales del año 1999 que los países con garantía superiores a otro exporten su cobertura a sus sucursales en otro país.

La cláusula puede ser prorrogada a propuesta de la Comisión Europea, pero se necesitará una mayoría cualificada en su favor. Lo mismo sucederá con las modificaciones de la garantía, que cubre 20.000 ecus (3,2 millones de pesetas) a excepción de algunos países, como es el caso de España, que podrán mantener el actual sistema de garantías hasta el año 1999.