Jueces de la ida y vuelta

EL VIAJE de ida y vuelta que el juez Baltasar Garzón ha realizado entre su puesto de juez en la Audiencia Nacional y su despacho del Ministerio del Interior al frente del Plan Nacional sobre Drogas, pasando por su escaño en el Congreso, plantea serios interrogantes sobre la confusión que puede producirse entre funciones que en el Estado democrático son por definición independientes (el célebre principio de separación de poderes). El problema no se circunscribe a la experiencia del juez Garzón, aunque su relieve público ayude a percibir la naturaleza del problema. Muchos otros jueces han hecho en los últimos años el recorrido desde la judicatura a la política y viceversa, sin hacer ningún alto en el camino o establecer un mínimo periodo de carencia entre el término de la actividad política y la reanudación de la judicial.La judicatura y el ministerio público han constituido de siempre un filón generoso de cargos públicos. En el franquismo y en la democracia. El trasvase sin solución de continuidad entre una función y otra no plantea problemas en un régimen de poder único, en el que dichas funciones son meras variantes del mismo. Pero que en la democracia un juez o un fiscal sea durante un tiempo gobernador civil o alto responsable político en áreas de la Administración del Estado y luego retorne sin más a la judicatura o a la fiscalía puede crear una confusión indeseable entre funciones cuyos contornos siempre deben estar nítidamente diferenciados.

Tan es así que una de las primeras medidas adoptadas por los Gobiernos de UCD en los inicios del actual periodo democrático fue poner algunas trabas al fácil travase de efectivos entre la judicatura y el ministerio fiscal, de un lado, y el Gobierno y la Administración pública, de otro. Trabas que fueron anuladas posteriormente por los socialistas, a raíz del acceso de numerosos jueces y fiscales a la cúpula del Ministerio de Justicia y a otras áreas de la función pública.

De ahí que, en la actualidad, la situación del juez o del fiscal que pasa a la política no pueda ser más ventajosa para. el interesado: reserva de plaza, escalafón asegurado, antigüedad no interrumpida, ascensos de categoría.. . Es decir, una situación equivalente a la de activo, salvo la percepción del sueldo. Y una vez finalizada la incursión en la política, posibilidad de reintegrarse inmediatamente a su puesto de magistrado o de fiscal, con todos sus derechos pasivos, no sólo conservados, sino aumentados. Pero la cuestión es si esta situación una especie de milagrosa bilocaéión que permite estar en dos sitios a la vez- no resulta dañina a una función -la judicial, primordialmente- que exige una clara diferenciación del poder político.

Nuevamente, el supuesto se visualiza en la experiencia protagonizada por el juez Garzón: ¿hasta qué punto su tránsito por la política no va a condicionar, a los ojos de los ciudadanos, su reemprendida función jurisdiccional? Es decir, que lo mismo que eljuez Garzón ha pervivido de hecho -administrativamente así ha sido- en el político Garzón, éste pues tal vez sobrevivir durante un tiempo en su condición de juez. Esa mezcolanza de imágenes no puede dejar de producir sus efectos en la percepción que tendrán los ciudadanos de su reiniciado trabajo judicial.

En una democracia, la confusión de funciones o el acaparamiento de situaciones ventajosas en el ámbito público se corrige mediante un sistema efectivo de imcompatibilidades. La democracia española ha puesto en pie el suyo en los últimos años, tanto en lo que se refiere a los altos cargos políticos como a los parla mentarios y al personal al servicio de las administra ciones públicas. Otra cosa es que sea eficaz o que se aplique a rajatabla. O que en el caso concreto de los jueces y fiscales que transitan por la política no adolezca de graves carencias. Una de ellas es, incluso, es candalosa: la de seguir gozando de todas las ventajas de su situación profesional mientras ejercen la política. Otra: que el reintegro a sus antiguas funciones se produzca de inmediato, sin esperar un tiempo prudencial, el que sería imprescindible para que la imagen del político se difuminara y dejara de interferir en la de juez o fiscal.