"Mi responsabilidad es acabar con la corrupción y la impunidad"

Sábado por la mañana. Su esposa y su hijo aún duermen y él mismo prepara el café para los invitados. Juan Alberto Belloch apenas lleva 24 horas al frente del nuevo superministerio y confía en que el fin de semana le baste para convencer a sus candidatos a las cuatro secretarías de Estado de que le acompañen en una travesía que se adivina tormentosa.

Vive en un tercer piso del viejo Madrid, sin ascensor, con muebles prestados por familiares y un puñado de libros recientes. Su casa sigue abierta en Euskadi y ahora teme tener que trasladarse con su familia a la vivienda oficial de Interior, envuelto en medidas de seguridad y rodeado de líneas de teléfono especiales.

P. ¿Por qué se ha llegado a esta situación de crisis?

R. El problema no es de ahora. La inflexión se produce en las elecciones del 6 de junio. Felipe González basó su campaña en la lucha contra la corrupción y en superar la crisis económica. El hecho mismo de que el presidente me nombrara ministro de Justicia era para eso. El primer día me dijo que mi trabajo esencial era empezar una lucha organizada contra la corrupción, dándole una importancia cualitativa que antes no se le daba.

P. ¿Aún le queda alguna salida al Gobierno socialista?

R. Con ese programa se fue a las elecciones y, si no logramos resultados en este campo, los electores, con toda razón, deberán pedirnos cuentas. Es evidente que mi responsabilidad, nuestra responsabilidad política, es acabar con la corrupción y, sobre todo, con la impunidad.

P. ¿Lo conseguirán?

R. Lo esencial es recobrar la confianza y no se puede recuperar previamente no acabamos con la corrupción y el clima de impunidad. A los ciudadanos, con todo el derecho, no les bastan las palabras. Quieren hechos y nuestra obligación es crearlos.

P. ¿Hacen falta más medidas contra la corrupción o basta con aplicar bien las que hay?

R. Está claro que los instrumentos que ya existen pueden utilizarse mejor, pero no podemos basarnos en el voluntarismo. Hay que crear esquemas que posibiliten no sólo la represión de conductas delictivas, sino que la propia existencia de esos esquemas actúe como fuerza preventiva. Por ello se ha creado una fiscalía especial y la nueva unidad en el Servicio jurídico del Estado para coordinar la lucha contra los delitos económicos y la corrupción.

P. ¿Es la lucha contra la corrupción la principal prioridad de la política criminal?

R. Efectivamente, así se lo hizo saber el presidente del Gobierno al fiscal general.

P. ¿Estamos los españoles bien educados contra la corrupción?

R. Mi impresión subjetiva es que existe el riesgo estructural de que pasemos de una situación de casi tolerancia a redescubrir la inquisición. El equilibrio está en evitar tanto la tolerancia como la Inquisición.

P. ¿Cuál es su fórmula?

R. La racionalidad desde el principio de legalidad. No me han gustado nunca los inquisidores ni los que buscan el bien de los demás. Estos son incluso más peligrosos. La sociedad no necesita salvadores de ninguna clase.

P. En la Guardia Civil cunde la sensación de que la fuga de su anterior director general ha provocado una caza de brujas.

R. El caso de Luis Roldán, sin duda, es una prioridad absoluta. Hay que encontrarlo y ponerlo a disposición de los jueces. No encarcelarlo, eso lo dirán los jueces. Y, por supuesto, yo no vengo a cazar brujas de ninguna clase. Vengo a trabajar y a tratar de introducir profesionalidad, respeto a los derechos cívicos, serenidad, principio de legalidad.

P. ¿Por qué está siendo tan polémico al encarcelamiento del ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio?

R. Los mismos que nos echaban en cara que no hemos vigilado suficientemente a Roldán afirman que hemos realizado una vigilancia intolerable a Rubio y a Manuel de la Concha. Los mismos que hablaban de impunidad ahora denuncian que le hemos dado un trato discriminatorio a Rubio y De la Concha.

P. ¿Que ha pasado en el caso Rubio?

R. Lo mismo que en el caso Roldán. La única diferencia es que en este caso el trabajo de la Agencia Tributaria se hizo igual, pero la investigación la realizó el juez. Todo ello en un plazo récord, al igual que ha ocurrido con el caso Rubio, cuya investigación se ha hecho también con manifiesta intensidad.

P. No estamos acostumbrados a que la justicia funcione con tanta rapidez.

R. Son casos que producen gran alarma social y hay que establecer prioridades. A los ciudadanos les preocupaba ante todo que se aclarara la situación de Roldán, Rubio y De la Concha. La política criminal consiste, precisamente, en dar prioridad a determinados objetivos en función de la alarma social y de la importancia objetiva de los asuntos.

P. Pero uno está huido y los otros, en cambio, en la cárcel.

R. En el primer caso nadie adoptó medidas cautelares. En el segundo si y están en prisión por que lo ha dicho un juez.

P. Fueron detenidos a instancia de la fiscalía...

R. El caso lo han llevado dos fiscales profesionales de la Audiencia de Madrid. Han hecho el trabajo que han considerado oportuno, sin interferencias. ¡Ya está bien de seguir ofendiendo a todo el mundo gratuitamente! Y mi opinión es que lo han hecho bien. Así funciona el Estado de derecho. Cuando los fiscales establecen la detención, inmediatamente les ponen en manos del juez y es el juez de guardia el único que decide sobre su situación. Es un caso típico de buen funcionamiento de todas las instituciones.

P. ¿Sospecha que hubo algún tipo de convivencia en la huida de Roldán?

R. Mi obligación, sino continuar la investigación iniciada por Antoni Asunción para averiguar lo ocurrido Si hay datos, adoptare las medidas oportunas La cultura de la sospecha es algo que debe desterrarse Hay que atreverse a ser demócrata, y no es fácil Supone saber que papel tiene cada institución y cumplirlo.

P. Se detecta un cierto malestar en la Guardia Civil.

R. Evidentemente, la Guardia Civil no tiene la culpa de haber tenido como director a Roldán, y los ciudadanos deben percibirlo como tal. No debemos entrar en el juego de que ahora toca descalificar a la Guardia Civil, mañana al Banco de España, pasado a la Conferencia Episcopal, o al día siguiente a la banca en su conjunto. Es un disparate no darse cuenta de que las instituciones no pueden ser tratadas desde ópticas de partido. Es fundamental que el prestigio de la Guardia Civil quede incólume, aunque estoy convencido de que la forma de hacerlo es depurando responsabilidades. No hay que llevar a los altares a nadie, pero tampoco a los infiernos.

P. ¿Qué ha ocurrido con Baltasar Garzón?

R. Lo primero que quiero decir es que me sabe muy mal que me haya presentado la dimisión [como delegado del Plan Nacional sobre la Droga]. Es la primera noticia negativa que recibo como titular del nuevo Ministerio de Justicia e Interior. Y me sabe mal porque tanto Felipe González como Pepe Bono y las personas que supieron valorar su capacidad para que tuviera un papel importante en la persecución del narcotráfico, sobre todo, o en el de la corrupción, lo hicieron objetivamente. Era una persona muy idónea para ello. Y, por tanto, es una pérdida para la eficacia del sistema.

P. ¿Que le había propuesto?

R. Que continuara en su puesto. Me pidió un periodo de reflexión. Le dije que la situación global del país exigía decisiones y que para la Secretaria de Estado de Interior ya tenía pensada otra persona. Y los hechos son que me presentó su dimisión.

P. Pero usted se la puso en bandeja en su primera conferencia de prensa.

R. Si, dije que si presentaba la dimisión la aceptaría.

P. ¿No le dejó otra alternativa?

R. Es que no la había. Necesito cuatro secretarios de Estado. Yo le quería en la Secretaria de Estado de lucha contra la droga, no en la de Interior.

P. ¿Por qué la fusión entre Justicia e Interior, cuando hace diez años usted no creía en ella?

R. Con vistas al futuro, creo que es el único modelo que tiene lógica, que es coherente con la transferencia de competencias al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas, así como con la Unión Europea.

P. El binomio libertad-seguridad queda así depositado sobre una misma mesa.

R. La seguridad es la condición material para el ejercicio de la libertad. El binomio sólo puede resolverse mediante la coordinación y el principio de legalidad. La garantía de los derechos individuales y la promoción legislativa han de conjugarse con las condiciones materiales de seguridad que los hacen posible.

P. Fondos reservados, ¿qué va hacer con ellos?

R. Su uso dependerá directa y exclusivamente de mí. Y me gustaría que el Parlamento creara un comité muy restringido en cargado de su control.

P. Los policías Amedo y Domínguez, condenados por pertenecer a los GAL, ¿serán indultados?

R. Mantengo lo que siempre he dicho. Cuando informen el fiscal y la Sala Segunda del Supremo, llevaré una propuesta al Consejo de Ministros y lo sabrán primero mis compañeros, y sólo después la opinión pública. El anticipar mi decisión equivaldría a no cumplir las reglas. Mi trabajo consiste en cumplirlas.

P. ¿Y el paso a tercer grado?

R. Conviene que los ciudadanos comprendan que no tiene nada que ver el indulto con eventuales progresiones de grado. Es muy peligroso confundir conceptos. El primero es prerrogativa del Consejo de Ministros y lo segundo, de un director general.

P. ¿Qué tal ha sido recibido su nombramiento en el PP?

R. Lo lógico es que entienda que este ministerio se sitúa en el núcleo mismo de la soberanía del Estado. Espero que José María Aznar comprenda que es un ministerio de Estado y mantenga una actitud coherente.

P. Si la corrupción ocupa el primer lugar en la escala de prioridades, ¿que delitos la siguen?

R. El narcotráfico, que es, asimismo, una forma de delincuencia organizada; los delitos económicos, los llamados de cuello blanco, y la protección de los derechos de los menores.

P. ¿Están las fuerzas del orden suficientemente preparadas?

R. Es cuestión de organizar correctamente los medios que tenemos, incidir en las políticas de formación y en la creación de especialistas en todas las áreas. En algunos campos, por ejemplo, un policía judicial puede ser un analista de mercados.

P. ¿Qué va a hacer con ETA?

R. En este campo va a haber absoluta continuidad con la línea de Asunción. Es una materia que debe estar dotada de estabilidad. Y diría más: cuanto menos se hable de ello, mejor.

P. Como hijo de juez convertido en gobernador civil tras la llegada de la democracia, ¿cómo ve el futuro de esta figura?

R. Lo único que tengo claro es que alguna forma de representación del Estado en las provincias debe existir. Todo lo demás se puede discutir.