Castro decide confiscar bienes "ilícitos" y limitar el trabajo por cuenta propia

El Gobierno cubano de Fidel Castro hizo público ayer el esperado decreto-ley sobre la "confiscación de bienes e ingresos obtenidos por enriquecimiento ilícito", que supone una vuelta a las leyes radicales de los primeros años de la revolución, justo cuando la isla atraviesa su peor crisis. El decreto-ley afecta a los que han "incrementado sin causa legítima su patrimonio en cantidad desproporcionada en relación con sus ingresos lícitos" y dispone la adjudicación al Estado sin derecho de indemnización de los bienes adquiridos irregularmente.

La publicación del decreto coincidió con las primeras aguas de mayo, que llegaron a La Habana violentamente al amanecer, como si el clima se hubiese conjurado con la ideología. Eran las siete de la mañana. En la radio del coche comenzó a sonar la voz un lejano locutor de Radio Rebelde, quien dijo que, en momentos de privaciones, las conductas de los que "participan en negocios turbios y en actividades del mercado negro" tienen un "efecto desmoralizante", que "resulta incompatible con la voluntad de resistencia y el abnegado sacrificio de nuestro pueblo en su desafío histórico por salvar la Patria y la Revolución". Mientras en la calle comenzaban a formarse remolinos de agua y caían truenos y relámpagos, el locutor de Radio Rebelde continuó difundiendo el documento que publicaba esa mañana el diario Granma: "El Consejo de Estado responde al mandato de la Asamblea Nacional y dicta así medidas eficaces y ejemplarizantes contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo , acumulando riquezas y bienes materiales resultado del robo, la especulación o el desvío de recursos".

Plenos poderes

El decreto-ley, que desde el lunes era esperado por la población con impaciencia y curiosidad, encarga al ministro de Finanzas y Precios, Jose Luis Rodríguez, determinar en qué casos corresponde emitir una resolución de confiscación, y faculta a la Fiscalía de la República de todas las atribuciones para investigar los casos, dictar medidas cautelares sobre los bienes e ingresos antes de que se haya decretado la confiscación e iniciar procedimientos penales en los casos que corresponda.El documento no hace referencia directa a las viviendas y los vehículos, aun cuando ya se ha advertido que estos serán los "bienes" que mayormente serán confiscados. Así, ayer el rotativo comunista Granma dio a conocer que las irregularidades detectadas en la compra de coches y motos ascienden a "algunos miles", y se denuncia que los involucrados son "trabajadores manuales e intelectuales" quienes vendieron sus vehículos de forma ilegal a particulares. Granma alude a una "reciente reunión celebrada en La Habana" y en la que participaron las principales figuras del régimen, como son los miembros del buró político del Partido Comunista Carlos Lage, Ricardo Alarcón y Jose Ramón Machado Ventura.