La Fiscalía remite al juez un informe sobre los avales concedidos por la Generalitat

El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, remitió ayer al Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona el Informe del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en los avales concedidos por la extinta CARIC (Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña), organismo dependiente de la Generalitat. El caso ha sido reabierto tras la denuncia presentada por un particular, Carlos Odena Savall, contra altos cargos del Gobierno de la Generalitat por presunta malversación de fondos públicos en las ayudas de la CARIC. Esta entidad es la antecesora del Instituto Catalán de Finanzas QCF).A raíz de la denuncia, el juez reclamó el pasado 22 de diciembre a Eligio Hernández el informe que realizó la Fiscalía de Cataluña y que en 1992 fue elevado a la Fiscalía General. Ésta decidió entonces no iniciar acciones legales contra los presuntos implicados, entre los que se encontraban tres consejeros (Maciá Alavedra, de Economía; Antoni Subirá, de Industria, y Josep Maria Cullell, de Política Territorial) y otros tantos ex consejeros (Josep Manuel Basáñez, de Economía, y Vicenç Oller y Joan Hortalá, ambos de Industria) del Gobierno catalán.

Eligio Hernández afirmó entonces que no había delito, aunque sí un "aroma de corrupción" en la concesión de los avales por parte de los responsables del Gobierno de la Generalitat.

La investigación realizada por el juez recoge la hipótesis de que la concesión de avales por la CARIC a determinadas empresas esté relacionada con el previo reparto de los créditos o préstamos avalados, de forma que, supuestamente, un porcentaje de los mismos se habría desviado en beneficio de terceras personas. Otro paquete podría ir destinado, añade, a una eventual "financiación política".

Eligio Hernández, además de remitir el informe, ha pedido al fiscal jefe de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, que proporcione al juez toda la documentación que tenga sobre el caso.

Investigación a Tipel

Por su parte, Jiménez Villarejo abrió ayer diligencias para investigar si se han producido irregularidades en la concesión de créditos por parte del Gobierno de la Generalitat a empresas del grupo peletero Tipel, que suspendió pagos el pasado día 5. La sociedad está controlada por la familia de Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat.

Villarejo ha abierto las diligencias a raíz de un informe de la Sindicatura de Cuentas donde se hacen observaciones críticas sobre la concesión de algunos créditos por parte del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), entidad financiera dependiente del Departamento de Economía. Entre estos créditos figuran dos por un importe total de 270 millones de pesetas que fueron concedidos por acuerdo del Consejo Ejecutivo de la Generalitat.