El empresario que reveló la trama de Getafe va a la cárcel enredado en ella

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Como consecuencia de esos avales, José María fue requerido por varios bancos para satisfacer las numerosas deudas contraídas por Enrique. Tras conocer todos los datos, José María presentó la querella contra su hermano.

El demandado lucía ayer copiosa barba y unas grandes gafas oscuras. En el juzgado respondió a las preguntas del fiscal, en presencia de la acusación particular, del letrado del hermano y de los representantes jurídicos del Ayuntamiento de Getafe.

Sobre las 13.45, el empresario abandonó el juzgado bajo escolta policial y negándose a responder cualquier tipo de pregunta.

A partir de este momento, en el juzgado deberán declarar como testigos unas 20 personas entre políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Getafe citados por Enrique Álvarez Arana en sus escritos. Entre ellos figura el alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro.

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La querella presentada por José María Álvarez contra su hermano se extiende a dos técnicos del consistorio getafense y a dos directivos de Caja Madrid.

Según ese texto, Enrique Álvarez falsificó certificaciones de pago del Ayuntamiento de Getafe -supuestamente con la colaboración de personas de dentro de la institución- por obras no realizadas. Con esos documentos, logró créditos de entre 130 y 170 millones de pesetas de los bancos Caja Madrid, Ibercaja, Banesto y Banco de Santander.

El conocimiento de la querella provocó que el equipo de Gobierno socialista de Getafe iniciara una investigación cuyos resultados niegan la existencia de cualquier irregularidad en la relación mantenida durante cuatro años por el Ayuntamiento con las empresas Praper y Aucarán. No obstante, el técnico Miguel Ángel Muñoz se suicidó, presuntamente, el pasado 3 de abril tras recibir la citación del juzgado getafense. El concejal de Servicios Generales dimitió la pasada semana con la intención de iniciar, a su vez, acciones judiciales.

Ante el juez ya han prestado declaración los dos directivos de Caja Madrid implicados, el técnico Ángel Arroyo y Enrique Álvarez, sin que ninguno se haya manifestado después sobre el contenido de la querella.

De la declaración efectuada ayer por el empresario getafense durante más de cuatro horas no ha trascendido nada. Tanto los abogados de Álvarez Arana como la acusación particular se remitieron a las decisiones que tome la juez encargada del caso.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 tan sólo confirmó el ingreso en prisión, sin posibilidad de fianza, del empresario, pero se negó a comentar cualquier otra cuestión.

Por parte del Ayuntamiento, los servicios jurídicos se encontraban ayer reunidos estudiando los pasos que van a seguir, aunque al cierre de esta edición todavía no se había tomado decisión alguna al respecto.

Sin embargo, la presencia de numerosos medios de comunicación en la puerta del juzgado desató los nervios de alguno de los presentes. Precisamente, uno de los acompañantes de los letrados de Enrique Álvarez, que rehusó identificarse, manifestó: "Vosotros [los periodistas] deberíais buscar a los verdaderos culpables". Preguntado sobre quiénes eran éstos, el individuo respondió: "Ya saldrán". Posteriormente, y tras la marcha en el vehículo policial del empresario, esta misma persona exigió a los fotógrafos que no le tomaran ninguna imagen, y les mostró la pistola que llevaba colgada en la cintura.

En la tarde de ayer, este periódico se puso en contacto con el padre de los hermanos Álvarez, quien reconoció: "Estamos muy afectados"; y rehusó contestar a cualquier otra pregunta.

El padre del empresario getafense declaró el pasado 16 de abril a EL PAÍS: "Mis hijos me han tenido al margen de sus negocios en Getafe, donde hay muchos chanchullos como éste que destrozan familias". Este diario también intentó conversar con el abogado de la acusación particular. Fuentes de su gabinete informaron de que ayer se encontraba ilocalizable.