Fondos reservados

La reciente polémica sobre la utilización de fondos reservados del Ministerio del Interior para pagar sobresueldos a funcionarios armados me ha recordado el enfrentamiento suscitado entre el juez Baltasar Garzón y el Gobierno socialista cuando éste le denegó a aquél datos sobre la utilización de estos mismos fondos, ante las sospechas de que el Estado había financiado a los terroristas del GAL.Sería, sin duda, calumnioso afirmar la complicidad o colaboración del Gobierno ante los hechos perpetrados por los policías Amedo y Domínguez, pero ello no impide, en modo alguno, proseguir con la reflexión.

La implantación de lo que hoy entendemos por Estado de derecho no implica, en ningún caso, que la violencia deje de ser el fundamento del Estado, pero sí exige que el ejercicio estatal de la dominación se someta a muy concretas formas de derecho, cuya enumeración daría lugar a un número de palabras que no caben aquí. Además de imponer muy claras restricciones a determinadas formas de violencia estatal, el Estado de derecho obliga a que la aplicación de esa violencia sea siempre un acto público y notorio, y por tanto proscribe, por ejemplo, la práctica de la tortura, la negación por esencia del Estado de derecho.

Que se hayan utilizado fondos reservados para recompensar a los citados funcionarios es un dato anecdótico, frente a la mucho más escabrosa cuestión de la naturaleza misma de esas partidas presupuestarlas. Al margen de los fines para los que dichas partidas sean utilizadas, la facultad discrecional del Poder Ejecutivo en la utilización de fondos públicos es una imposición dictatorial contraria al espíritu mismo del Estado de derecho, y la habitual oposición entre dictadura y democracia queda en entredicho por la simple existencia de los fondos reservados.

No voy a desdeñar el argumento de quienes sostienen que tales fondos son imprescindibles para garantizar la llamada seguridad del Estado. Es muy probable que así sea, y es también muy probable que, ante un conflicto entre la seguridad del Estado y los derechos individuales, que gracias a la implantación del Estado de derecho protegen a todo ciudadano, cualquier estadista se decante finalmente por la primera. Pero no es menos cierto que, en tal caso, habremos llegado a la irresoluble y dramática situación de que los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad del Estado contradicen, por su propia naturaleza, toda noción de Estado de -