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El Ayuntamiento se enreda para justificar 100 millones

El destino de los 100 millones de pesetas que el Ayuntamiento no justificó ante el Tribunal de Cuentas, en una partida destinada en 1990 a la creación de orquestas y coros en los distritos, es una incógnita. El portavoz municipal, Luis María Huete, aseguró el jueves por la tarde que esos 100 millones se incorporaron al ejercicio de 1991. Por la mañana, el edil de Educación, José Gabriel Astudillo, dijo que la cantidad se gastó en profesores, directores de orquesta y gastos administrativos. Pero los números no casan.

El PP ha ofrecido versiones contradictorias sobre el paradero de los 100 millones que el edil Joaquín Álvarez del Toledo dejó sin justificar en 1990.PASA A LA PÁGINA 6

El Ayuntamiento se contradice sobre los 100 millones que no justificó

A resolver las dudas no ha contribuido el ex concejal de Cultura Joaquín Álvarez de Toledo, responsable de estos gastos en 1990 y actual gerente del Pasillo Verde. No ha respondido en los dos últimos días a las llamadas de EL PAÍS.El jueves por la mañana, el edil de Educación y Deportes manifestó que los 100 millones cuestionados (véase El Pais Madrid del jueves) se gastaron en profesores, directores y gastos de personal administrativo. En el presupuesto, por este concepto se señalan casi 60 millones. El jueves por la tarde, el portavoz municipal Luis María Huete consideraba que la falta de 100 millones se debía a un ajuste presupuestario. "Era un programa plurianual y, aunque se contrató en 1990, también funcionó en 1991. Los 100 millones que faltan se incorporaron al ejercicio de 1991 ", explicó. Huete se comprometió a facilitar una copia del presupuesto, para demostrarlo. Antes, el primer teniente de alcalde volvió a insistir en que las conclusiones del tribunal no eran "el caso Roldán del Ayuntamiento de Madrid". Al cierre de esta edición, la copia del documento no había llegado a la Redacción.

El jueves por la tarde, Huete tenía sobre la mesa de su despacho el informe del Tribunal de Cuentas, que conocía días antes. Pese a este hecho, algunos concejales del PP aseguraron ignorar las conclusiones de la auditoría pública.

Minutos antes de concluir la entrevista de este periódico con Huete, llegó al despacho el concejal Astudillo. Traía el expediente. Astudillo entregó EL PAÍS una copia de la carta de contestación que un funcionario municipal envió durante las diligencias, en junio de 1992, al Tribunal de Cuentas: "El posible desfase entre recepciones parciales del objeto del contrato y los pagos efectuados se debe a que la actividad se valoró de forma global, es decir, teniendo en cuenta los dos años de ejecución del contrato, y la forma de pago se estableció mensual". El Tribunal de Cuentas, sin embargo, mantuvo esta "irregularidad significativa".

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