Seguros propone multas de hasta 10 millones para los responsables de la aseguradora de UGT

La Dirección General de Seguros, dependiente de Economía y Hacienda, ha propuesto sancionar con multas de entre cinco y 10 millones de pesetas a los máximos responsables de la aseguradora de UGT, Unial, por "infracciones muy graves" en la contabilidad de la sociedad en 1991. La propuesta hace recaer las mayores multas en Juan Ignacio López, ex gobernador civil de Vizcaya, máximo responsable de la entidad en ese periodo y yerno de Nicolás Redondo; en el secretario de finanzas de UGT, Sebastián Reyna, y en el ex presidente de la compañía y destacado militante socialista, Paulino Barrabés. Para el ex presidente de IGS, Carlos Sotos, la sanción propuesta es de cinco millones.

Las multas fueron comunicadas a la dirección del sindicato el 7 abril, el mismo día en que se iniciaba el congreso de la organización. Unial fue la espoleta que encendió la crisis de IGS-PSV.Las sanciones propuestas no son las primeras que afectan a los responsables del grupo de empresas de UGT. El día 22 de diciembre, el Consejo de Ministros, a propuesta del Banco de España, inhabilitó y sancionó con multas de entre un millón y cinco millones de pesetas al consejo de administración de IGS de Mercado Hipotecario, la sociedad que captaba fondos de los cooperativistas de PSV. En aquella ocasión, los principales sancionados fueron también Sotos y Barrabés.

En el caso de Unial, las sanciones son más duras y afectan a un buen puñado de dirigentes sindicales que tuvieron relación con la empresa desde su constitución en 1988, incluidos los representantes de la mutua de los sindicatos alemanes (Volksfursorge), que participaron en Unial desde 1988 hasta 1990 con el 40% de las acciones. UGT se hizo posteriormente con el 100% de la compañía gracias a un crédito de 900 millones concedido por la propia aseguradora al sindicato.

Apolinar, exonerado

Las multas propuestas afectan a Juan Ignacio López; al actual secretario de finanzas de UGT, Sebastián Reyna, y a Paulino Barrabés, ex secretario de finanzas de UGT y ex consejero de Unial, que dimitió como presidente de Unial en abril de 1990. A los tres se les impone una multa de 10 millones de pesetas.De las sanciones tampoco se libran los representantes de los antiguos accionistas' de Unial, los representantes de la mutua de los sindicatos alemanes (Volksfursorge) Walter Sichwickart, Hubert Sauter, Dietmar Schott y Wolgang Kaske. Para ellos se propone la misma sanción que para Carlos Sotos (IGS), Jorge Díaz Gómez y Fernando Moraleda: cinco millones de pesetas. Jorge Diez es el secretario de la federación de banca de UGT (Febaso-UGT), y Fernando Moraleda es el responsable de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

El instructor exonera de responsabilidad a Apolinar Rodríguez (ex secretario de acción sindical), a Jesús Mancho (antiguo miembro de la ejecutiva de UGT) y a Gunter H. Maack.

Unial, en proceso de liquidación, ingresó en la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA), el pasado mes de enero. En el momento de su traspaso, con un volumen de primas superior a 8.000 millones de pesetas, su situación era "de quiebra técnica", según reconoció el administrador nombrado para liquidar la sociedad, José María Carrió.

Las infracciones detectadas por el instructor del expediente, Fernando Ibáñez Mendizábal, calificadas de "muy graves", consisten en defectos de cobertura de provisiones (1.676 millones), de margen de solvencia (268- millones) así como en "irregularidades esenciales" que impiden conocer la verdadera situación de la empresa.

Parte de las irregularidades en las que se basa la petición de sanciones fueron recogidas en un acta de inspección abierta en 1992 y referida al ejercicio de 1991. En concreto, el acta recoge 16 infracciones que cuestionan la contabilidad de la entidad. No obstante, hay algunos apartados, significativos por cuanto se refieren a operaciones realizadas entre Unial, IGS y UGT. El acta menciona la "incorrecta compensación de partidas de activo y pasivo en relación con los créditos hipotecarios mantenidos con la UGT y las deudas reconocidas por IGS". Alude también a la "falta de coincidencia entre recibos y los extractos bancarios" y a la ausencia de soporte documental en diversas operaciones inmobiliarias.