El Tribunal de Cuentas halla anomalías en 30 contratos del Ayuntamiento
![José Manuel Romero](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fb265938e-cd4f-4d37-92d5-821dd2616571.png?auth=230b533e117446ffd65338f6854a06eb3e1eebc5a849f4060f0e4daea797c4da&width=100&height=100&smart=true)
El Tribunal de Cuentas ha dado un suspenso a la gestión de la coalición de centro-derecha que gobernó en el Ayuntamiento de Madrid durante el ejercicio de 1990. Los auditores han observado irregularidades en 30 contratos de obras y servicios en los que el municipio gastó más de 7.000 millones.Entre las anomalías descubiertas existe un caso en el que se gastaron 100 millones de pesetas que no se justificaron. De los 315 millones invertidos en la creación de conjuntos instrumentales y corales por el entonces concejal centrista de Cultura, Joaquín Álvarez de Toledo (en la actualidad, presidente de la sociedad pública Pasillo Verde Ferroviario, nombrado por el Partido Popular), tan sólo se acreditaron 215, según el Tribunal de Cuentas.
El examen de la gestión económica de los ayuntamientos en 1990 se ha detenido también en otros 50 municipios de los 179 de la región. La contratación de obras y servicios es la asignatura pendiente de los gestores municipales. Según las conclusiones del tribunal, los gobiernos locales no adecuan sus métodos a la Ley de Contratos del Estado. "Existen deficiencias importantes en la selección de empresas adjudicatarias; falta rigor en la tramitación y resolución de los contratos", destaca el informe.
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El concejal de Obras pagó por los túneles de Cristo Rey más de lo permitido por la ley
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De los 30 contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Madrid de manera "irregular", nueve fueron encargados directamente, y el resto, tras la convocatoria de un concurso. El presupuesto global de estos contratos superó los 7.000 millones de pesetas.
Los auditores públicos analizaron con detenimiento el expediente administrativo de las obras del túnel de Cristo Rey, una de las que más fama dio al gobierno de coalición CDS-PP en el pasado mandato municipal, y encontraron un error en la tramitación. Según el Tribunal de Cuentas, la modificación del proyecto de la obra que decidió el concejal del PP Enrique Villoría, y que elevó su precio final en 366 millones de pesetas, no cumplió los trámites establecidos. El Tribunal de Cuentas recuerda al Ayuntamiento que la variación de cualquier proyecto que suponga un sobrecoste del 20% respecto al presupuesto inicial necesita el dictamen del Consejo de Estado o de la Comunidad de Madrid. Villoria no cumplió con este trámite.
Este periódico intentó hablar con el concejal popular durante la tarde de ayer, pero no fue posible. Su secretaria indicó que Enrique Villoria no se encontraba en su despacho ni se le esperaba hasta mañana (por hoy). Sin embargo, el principal colaborador del edil, Luis Armada, director de Servicios de Obras, contestó a las preguntas de este periódico: "Tengo una fe ciega en todo el equipo administrativo del Área de Obras del Ayuntamiento. Hasta ahora no sabíamos nada. Es la primera noticia que tengo de este asunto, pero que nos. manden sus conclusiones y las estudiaremos", afirmó. Armada, sin embargo, se mostró convencido de que el Ayuntamiento no tiene que solicitar permisos a nadie para ejecutar sus obras. "Es soberano, no necesita dictamen de nadie. Estoy seguro de que se han cumplido los requisitos dentro de lo que es el Ayuntamiento de Madrid. La Comunidad tiene competencia en materia de urbanismo, pero en obras, no".
Limpiar por adelantado
El Tribunal de Cuentas también desaprueba el sistema de contratación utilizado por Villoria para levantar el Museo de la Ciudad (1.532 millones de pesetas de presupuesto). "El fraccionamiento del objeto del concurso no está justificado", afirman los auditores. Esta "irregularidad significativa" también afecta a la urbanización de una parcela en San Blas (87 millones), la construcción del parque de la Cuña Verde Latina (454) y las obras del polideportivo de Aluche (93).
También se sorprenden los auditores de las adjudicaciones municipales con carácter retroactivo y de las empresas que limpian por adelantado sin haber recibido el encargo. El servicio de limpieza de los colegios públicos de Vallecas comenzó a prestarse antes de acordarse en un concurso su adjudicación por 25 millones de pesetas.
El entonces concejal de Educación y Cultura del CDS, Joaquín Alvarez de Toledo, contrató directamente un simposio internacional de escultores (144,9 millones) y diversos servicios para los Veranos de la Villa en la Muralla Arabe (28) y en el Cuartel del Conde Duque (33). El Tribunal de Cuentas estima que no se justificó la urgencia de las contrataciones para no convocar un concurso.
Esperanza Aguirre, titular del Área de Medio Ambiente desde 1989, también recibe un tirón de orejas en el informe del Tribunal de Cuentas. La adjudicación directa de la campaña de publicidad de limpieza viaria en 1990 (48 millones), el servicio de retirada de los Iodos y la gestión de las depuradoras aparecen en la lista de contratos municipales en que. se ha descubierto alguna irregularidad.
Cuarenta errores
En todos los casos, según figura en los anexos del informe, el Ayuntamiento de Madrid presentó alegaciones en julio de 1992 a las conclusiones del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, todas las irregularidades denunciadas se mantienen en el documento final. EL PAÍS telefoneó al primer teniente de alcalde, Luis María Huete, y al concejal de Hacienda, Fernando López Amor, para conocer las aclaraciones que el Ayuntamiento de Madrid hizo al Tribunal de Cuentas. Sin embargo, ninguno de los dos ediles se hallaba en su despacho en la tarde de ayer.
Además de los 40 errores de contratación descubiertos en 30.adjudicaciones de obras, servicios y suministros del Ayuntamiento de Madrid, el informe sobre la gestión municipal en la Comunidad durante 1990 incluye una decena de anomalías destapadas en la adjudicación de obras de los municipios de Getafe (gobernado por el PSOE), Alcalá de Henares (PSOE), Arganda (IU-PSOE) y Pozuelo de Alarcón (PP).
Getafe aprobó "irregularmente" contratos por 475 millones en las obras del centro cívico y conservatorio del barrio de Buenavista, el centro cívico del barrio del Bercial y en la compra de un vehículo para los bomberos municipales. En Arganda del Rey, la construcción de estacionamientos públicos subterráneos (350 millones) no se tramitó de acuerdo a la ley. Pozuelo de Alarcón levantó con 50 millones una biblioteca municipal, pero el Ayuntamiento "no respetó la igualdad de condiciones en el procedimiento". En Alcalá se descubrieron anomalías en cuatro contratos por 250 millones.
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