Medio ambiente y comercio mundial

Después de la firma del Acta Final de la Ronda Uruguay, en Marraquech, se inicia una nueva etapa para el comercio mundial en la que las cuestiones medioambientales ocuparán un lugar central que no tuvieron en el pasado.Cuando después de la II Guerra Mundial se creó el GATT, la preocupación por el medio ambiente era un fenómeno marginal. Eso pudo justificar entonces la ausencia de una adecuada dimensión ecológica en las reglas del comercio mundial de la que en la actualidad no se puede prescindir. La protección del medio ambiente constituye hoy, junto con el paro, uno de los principales problemas de los países occidentales, y el comercio internacional, tras su continua expansión en las últimas, décadas, refleja, con especial intensidad, las complejas relaciones entre la economía y la ecología.

La preocupación por el medio ambiente aparece en las sociedades que han alcanzado un umbral mínimo de desarrollo. Por ello existe una relación positiva entre libre comercio y medio ambiente, puesto que el comercio internacional actúa como motor del crecimiento económico, y la elevación del nivel de vida resultante induce cambios en las preferencias y actitudes sociales a favor del medio ambiente y genera los recursos y la tecnología necesaria para ello.

Pero el comercio y el medio ambiente se relacionan también negativamente. Así ocurre cuando la expansión de las economías de numerosos países en desarrollo está basada en una explotación -y exportación- excesiva de su patrimonio natural. En estos casos, la mera liberalización del comercio no conduce a un uso más eficiente de los recursos.

En realidad, los efectos negativos de la actividad comercial sobre el medio ambiente no provienen del comercio en sí, sino del hecho de que los países organizan su producción de forma insostenible, incompatible con el medio ambiente. En esas condiciones, el comercio, al abrir a los productores nacionales un mercado más amplio, no hace sino amplificar el daño medioambiental. Y ello ocurre cuando los agentes económicos, empresas y consumidores, no soportan -no internalizan, en la jerga de los economistas- los costes sociales asociados al uso del medio ambiente, es decir, de los recursos naturales como el agua, la atmósfera, el espacio...

Según un informe elaborado por la Comisión Europea, el mayor crecimiento económico asociado a la liberalización comercial provocará un amuento de las emisiones de SO2, y de NOx de un 9% y un 12%, respectivamente, que agravará el problema de la lluvia ácida; los residuos de todo tipo aumentarán en un 30%; se producirán transformaciones estructurales en los sistemas de transporte, que provocarán un aumento del tráfico pesado por carretera del 50% en el horizonte del año 2000 y un incremento del parque automovilístico en 17 millones de vehículos, que, aparte de otros efectos, contribuirá a aumentar la acumulación de CO2 en la atmósfera, principal responsable del cambio climático, a no ser que se adopten medidas drásticas para limitar las emisiones.

Es evidente que la búsqueda de una mayor competitividad generará resistencias a la internalización de los costes medioambientales para evitar su impacto en el precio final de los productos que se oferten en los mercados internacionales. Es más barato producir jamón si la granja donde se crían los cerdos no se ve obligada a depurar sus aguas residuales..., a costa de contaminar los ríos, que no es una licencia poética decir que acaban en el mar. Como es más barato un cemento producido sin tener que instalar filtros en las chimeneas..., a costa de contaminar la atmósfera con efectos sobre el medio ambiente local, pero también sobre los problemas globales que a todos nos afectan. Y es más eficiente pescar con redes cuyo tamaño pone en peligro la pervivencia de especies, que otros países se esfuerzan en salvar estableciendo restricciones que limitan la productividad de sus industrias nacionales. No es, pues, una invención de un proteccionismo vergonzante denunciar el riesgo de un dumping medioambiental, es decir, la posibilidad de competir deslealmente mediante precios que no reflejan los costes reales de producción si las normas de protección del medio ambiente que implican costes son muy distintas en los países que compiten en el mercado mundial.

Por ello, el Acta Final de la Ronda Uruguay va acompañada de una decisión ministerial en la que los Estados miembros se comprometen a crear un comité de Comercio y Medio Ambiente con el mismo rango que el resto de los previstos. Su objetivo es examinar la relación existente entre las medidas comerciales y medioambientales y hacer recomendaciones a la Conferencia Interministerial de la futura OMC acerca de las reformas necesarias para que las políticas comerciales y medioambientales se refuercen mutuamente para promover un desarrollo sostenible. Se trata, sin duda, de un objetivo imprescindible, que algunos han bautizado como un intento de "enverdecer el GATT" (greening the GATT).

Ese futuro comité de Comercio y Medio Ambiente deberá analizar la compatibilidad con el sistema del GATT de los impuestos y regulaciones medioambientales destinados a internalizar los costes medioambientales y la posibilidad de utilizar medidas restrictivas al comercio -aranceles o restricciones a los intercambios- como instrumentos de la política medioambiental. El cambio climático proporciona un ejemplo -tal vez el más extremo- de la naturaleza y complejidad de los problemas medioambientales y del papel de las medidas comerciales en su solución. Para luchar contra ese fenómeno, la actuación individual de cualquier país es prácticamente inútil, porque incluso aquel con mayor responsabilidad en las emisiones de CO2 a la atmósfera, Estados Unidos, tiene un peso minoritario en el total de las emisiones. Sólo se conseguirá estabilizar el volumen de CO2 en la atmósfera si se cuenta con la colaboración de un amplio grupo de países, entre ellos China, la India y Rusia, que en el futuro tendrán un peso creciente y muy importante en las emisiones de CO2.

Así pues, la solución sólo será efectiva si se aborda colectivamente el problema, y ello requiere que cada país aplique medidas encaminadas a internalizar los costes de la contaminación de CO2 mediante impuestos o regulaciones. Pero como ocurre con muchos de los problemas medioambientales, cada país puede verse tentado a viajar sin pagar billete aprovechándose de los esfuerzos de los demás por reducir las emisiones de CO2, pero sin asumir ningún coste para contribuir a ello. Al contrario, beneficiándose de la posibilidad de hacer dumping ecológico vendiendo en el mercado mundial a precios competitivos gracias a las ventajas que se puedan derivar de no internalizar los costes que supone el deterioro del medio ambiente del planeta y disfrutando de las ventajas que se derivan del esfuerzo que otros hagan para evitarlo.

El riesgo de proliferación de estos comportamientos es uno de los principales obstáculos que habrá que superar en el futuro para alcanzar un acuerdo internacional sobre cambio climático y asegurar su cumplimiento. Así lo hemos comprobado en los Consejos de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea a lo largo de la inacabada discusión sobre la tasa de CO2 por el interés demostrado por la Comunidad en condicionarla a que Japón y EE UU, sus principales competidores en el mercado mundial, aplicaran medidas equivalentes o por la resistencia a distribuir su aplicación de forma equitativa teniendo en cuenta los niveles relativos de emisión per cápita de cada país.

Algo similar ocurre en cualquier problema medioambiental que requiera la cooperación internacional. Y son precisamente los problemas medioambientales más graves los que no pueden resolverse individualmente: el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, la desaparición de bosques tropicales o la preservación de la biodiversidad.

En la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro se planteó que la liberalización comercial y la protección del medio ambiente deben concebirse como políticas que se apoyen mutuamente en el marco de acuerdos medioamb¡entales de carácter multilateral, con preferencia a la adopción de medidas unilaterales por parte de cada Estado.

El medio ambiente no puede convertirse, como temen los países en desarrollo, en un pretexto para que cada país aplique políticas proteccionistas que pongan en cuestión un instrumento clave de la cooperación internacional como debería ser el sistema del comercio mundial. Pero eso no significa que proteger el medio ambiente no sea un objetivo plenamente legítimo, que puede justificar la aplicación de medidas comerciales, que no constituyen ni pueden calificarse como medidas proteccionistas si no están destinadas a proteger a la producción nacional frente a la competencia exterior, sino genuinamente encaminadas al logro del desarrollo sostenible.

Quienes sacralizan el objetivo del libre comercio hasta el punto de rechazar la aplicación de políticas medioambientales porque sus instrumentos pueden constituir restricciones al comercio no deberían olvidar que las sanciones comerciales y económicas son los únicos medios pacíficos de que dispone la comunidad internacional para hacer cumplir acuerdos internacionales entre Estados soberanos. En algunos acuerdos med¡o ambientales ya existentes -como es el caso del acuerdo para impedir el comercio de los residuos tóxicos-, la restricción al comercio es el objetivo mismo del acuerdo, porque en realidad tales residuos no pueden ser considerados como mercancías con las que se pueda comerciar. Por ello, España ha defendido activamente que se amplíe la prohibición de exportar residuos peligrosos a los países en desarrollo. En otros casos, como en el Protocolo de Montreal para preservar la capa de ozono o en un futuro convenio sobre cambio climático, las medidas comerciales pueden ser imprescindibles para incentivar a los países a cumplir sus compromisos.

Pero las dificultades no acaban ahí. Si se quiere llegar a nuevos acuerdos medioambientales multilaterales será también imprescindible diseñar y aplicar mecanismos de redistribución entre países, mediante transferencias financieras y tecnológicas, para llegar a soluciones equitativas que tengan en cuenta que la responsabilidad compartida en la solución de los problemas medioambientales debe diferenciarse entre los distintos países en función de su grado de desarrollo y de su responsabilidad histórica acumulada en el origen de esos problemas. Los países ricos, por ejemplo, difícilmente podemos reprochar a los países en desarrollo que sobreexploten sus bosques tropicales, aumentando así los problemas del calentamiento atmosférico, olvidando que sólo somos el 15% de la población, pero generamos el 60% de los gases que causan ese problema.

La tarea que se deberá acometer no será, pues, nada fácil. El comercio ha desempeñado un papel primordial en la fuerte expansión internacional tras la II Guerra Mundial. Pero el modelo de crecimiento seguido ha ido asociado a un gravísimo deterioro del medio ambiente. Su transposición al conjunto del planeta resultaría a todas luces insostenible en un horizonte cercano. No cabe confiar en que la expansión del comercio per se conduzca a un desarrollo sostenible ni pretender que los problemas ecológicos se puedan afrontar aplicando medidas reparadoras conforme se vaya produciendo el deterioro medioambiental. El desarrollo sostenible exige, necesariamente, integrar las consideraciones medioambientales en cada una de las esferas de la actividad económica, en particular, en el sistema del comercio internacional y, en general, en la lógica económica de nuestra civilización. Ése es el formidable desafío que tenemos por delante, en términos de equidad y eficacia, en la nueva época que se ha abierto en Marraquech.