Roldán imponía los nombres de las empresas que debían participar en los concursos de obras

Luis Roldán modificó radicalmente el proceso de adjudicación de obras de la Guardia Civil cuando, en 1986, llegó a dirigir el instituto armado. Roldán implantó una fórmula que le atribuía en exclusiva la elección de las empresas que debían competir en cada concurso por valor superior a los 400 millones de pesetas. La beneficiada era siempre la que presentaba la oferta más barata, pero personas que han anilizado los expedientes creen que algún intermiediario -apuntan a conocidos de Roldán en el mundo de la construcción- ponía de acuerdo a las empresas sobre los precios, que debían presentar.

Expertos de la Administración que han analizado centenares de expedientes de obras han llegado a la conclusión de que el procedimiento era susceptible de ser manipulado con gran facilidad por el propio Roldán. El que fuera director general de la Guardia Civil desde finales de 1986 hasta finales de 1993 adjudicó obras por un valor global de unos 75.000 millones de pesetas.

A las pocas semanas de acceder al puesto, Roldán puso en marcha un nuevo sistema de adjudicaciones bajo su control directo. Su predecesor, el general José Antonio Sáenz de Santamaría, no intervenía en las contrataciones, que realizaban los servicios técnicos. Roldán ha comentado después que modificó el sistema porque no se fiaba de algunos de sus subordinados.

En la adjudicación de los contratos importantes durante la época de Roldán se daban los siguientes pasos:

1. En todos los casos se optaba por la adjudicación directa. Las otras dos opciones administrativas -el concurso o la subasta pública- requieren más control administrativo y son más abiertos para la posible concurrencia. Era Rafael Vera, entonces secretario de Estado para la Seguridad, quien daba luz verde al empleo de la adjudicación directa.

2. También a dedo se encargaba a arquitectos -en varios casos elegidos por el propio Roldán- la elaboración de un proyecto.Un coronel o teniente coronel de armamento y construcción supervisaba el proyecto.

3. Roldán llamaba a su asesor Juan Carlos Castro -miembro del PSOE de Aragón, que fichó en 1987- y al general Manuel Llaneras, coronel de acuartelamientos y después jefe del Servicio de Apoyo y les dictaba los nombres de las empresas a las que había que invitar. En la práctica totalidad de los casos, se invitaba a tres empresas, el mínimo exigido por la ley cuando se acude a la adjudicación directa.

4. El general Llaneras enviaba las cartas de invitación a las empresas, y éstas remitían sus respectivas ofertas en sobres cerrados. En bastantes ocasiones, sin embargo, la presentación de ofertas diferentes se cumplía sólo formalmente. Así lo puso de relieve en 1991 el interventor de Hacienda: "Lo expresado en el informe induce a pensar que se incumple sistemáticamente el principio de concurrencia de ofertas".

5. Con las tres ofertas en la dirección, Roldán convocaba en su despacho a una pequeña comisión, creada por él, para abrir en su presencia los sobres. A las primeras reuniones acudían casi todos los miembros. En los últimos años, por el contrario, Roldán abría los sobres sin convocar reunión alguna.

6. El contrato se adjudicaba a la oferta más barata. No había sorpresas. Quienes habían participado en la selección de las empresas y en el arreglo de las ofertas ya sabían qué constructora era la ganadora.

Ya en las primeras semanas del mandato de Roldán, a quienes participaban en el procedimiento les sorprendió negativamente -aunque nadie lo denunció- que fuera el propio director general el que decidía qué empres as debían participar en los concursos, pero confiaron en el escudo que suponía el hecho de que las ofertas se abrieran ante más personas y de que, sistemáticamente, se adjudicaran las obras a la oferta más barata.

La sorpresa se convirtió en sospecha cuando participantes en el proceso observaron que empresas con directivos amigos personales de Roldán como Jorge Esparza (Hispano Alemana y Huarte) o Carlos Zuazo (Sierra Comnendador y Construcciones Roteñas) recibían suculentos contratos. Estas empresas apenas recibían contratos de importancia con anterioridad.

Un mando de la Guardia Civil ha llegado a comentar recientemente a personas de su confianza que ya a principios de los noventa empezó a sospechar que existían comisiones ilegales, pero que nunca creyó que Roldán pudiera ser el receptor, sino, en todo caso, una hipotética financiación ilegal del PSOE.

Los analistas de los expedientes se preguntan ahora qué persona o personas hicieron las labores de intermediación entre la Dirección de la Guardia Civil y las constructoras. Todas las hipótesis apuntan a conocidos de Roldán muy introducidos en el mundo de la construcción.