Interior alegó "seguridad" ante los reparos de Hacienda frente a los contratos a dedo

El Ministerio del Interior se ha escudado, desde 1990, en razones de seguridad para eludir los obstáculos que hasta entonces venía poniendo el Ministerio de Hacienda a su pretensión de contratar las obras por adjudicación directa y no por concurso público. Así se desprende del examen de los documentos de la Intervención General del Estado, dependiente de Hacienda, que han sido remitidos a la comisión Roldán.

En octubre y noviembre de 1989, la Intervención General devolvió a Interior dos expedientes de obra -relativos a las instalaciones de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil en Valdemoro, en Madrid, y a la casa-cuartel de la calle Travessera de Grácia, de Barcelona- que pretendía contratar por adjudicación directa alegando razones de "reconocida urgencia", derivadas del "mal estado" de ambos edificios.El interventor no apreció la existencia de las "circunstancias apremiantes" que exige la ley para utilizar este procedimiento y argumentó que el propio ministerio había tardado casi dos meses en contestarle a una petición de aclaración. "Dicha demora en la tramitación del expediente resulta, por sí sola, incompatible con la pretendida reconocida urgencia", señala el escrito de la Intervención referido a las obras de Valdemoro. Aunque la ausencia fue declarada en septiembre, "hasta el 30 de octubre no fue sometido el expediente a fiscalización del gasto", agrega en el documento sobre el cuartel de Barcelona.

Tras estos dos fracasos, Interior dejó de alegar razones de urgencia para cambiar siempre al argumento de las razones de seguridad, acreditadas por el ex secretario de Estado, Rafael Vera, que no podían ser discutidas en ningún caso por el interventor. No obstante, esta, práctica no pasó desapercibida al Ministerio de Hacienda y la interventora general, Purificación Esteso, remitió el pasado 22 de septiembre al ministro José Luis Corcuera un escrito en el que le advertía que "prácticamente la totalidad de los expedientes de obra se han adjudicado por el sistema de contratación directa en todos los servicios centrales del departamento" de Interior.

Por encima del presupuesto

La interventora recuerda que "la Ley de Contratos, configura la contratación directa con carácter restrictivo" y que, incluso con este procedimiento extraordinario, "debe consultarse al menos a tres empresas". Por todo ello, concluye la carta a Corcuera, Interior "debería adoptar medidas tendentes a la corrección de los procedimientos de contratación".

La documentación remitida al Congreso de los Diputados evidencia, igualmente, que de forma sistemática, el coste de las obras de la Guardia Civil se aumentaba durante su ejecución muy por encima de lo presupuestado, a pesar de que la empresa adjudicataria era generalmente la que había ofrecido un coste más económico. El caso más espectacular es el de la reforma del cuartel de Pamplona, realizada por Construcciones y Contratas, cuyo presupuesto inicial, cifrado en 1.409 millones de pesetas, se elevó en un 92%, hasta alcanzar los 2.709 millones.

La intervención rechazó en octubre de 1991 este aumento, al advertir que gran parte del incremento del coste se derivaba de la necesidad de adaptar el proyecto original a normativas que ya estaban en vigor cuando se elaboró. En opinión del interventor, "la modificación ahora tramitada pudiera ser debida, al menos parcialmente, a defectos e imprevisiones imputables a sus autores [del proyecto] o supervisores". Sorprendentemente, el mismo interventor autorizó dicha ampliación de gasto en marzo de 1993, mediante un escrito en el que no explica las razones de su cambio de criterio.

Entre la voluminosa documentación remitida por el Gobierno a la comisión Roldán (de la que forma parte, por ejemplo, la lista completa del personal de limpieza que presta servicios a la Guardia Civil) figuran también las inscripciones públicas de la empresa Europe Capital, propiedad de Luis Roldán, su actual esposa y su hijo. Esta firma inició sus actividades en febrero de 1990 con 2,5 millones de pesetas y ha ido ampliando capital hasta alcanzar los 60.500.000 pesetas en agosto del año pasado.

La empresa está dedicada a administrar los bienes inmobiliarios de la familia Roldán y declara pérdidas en los dos últimos ejercicios por un total de 20 millones de pesetas. Según el informe de gestión que obra en poder del Registro Mercantil de Madrid, la entidad Europe Capital "está en pleno desarrollo de sus actividades económicas" y encamina sus esfuerzos a "mantener a la sociedad en una posición de vanguardia y conseguir que todos los socios de nuestra entidad continúen estando orgullosos de ésta".