Los padres de un niño han luchado 10 años para que la Justicia decida si hubo un error médico con su hijo

Iván Contreras tiene 20 años y, desde hace diez, el dudoso privilegio de una segunda infancia. Un mediodía de verano de 1984 entró en un quirófano de la residencia sanitaria Juan Canalejo, de La Coruña, para ser operado de apendicítis y salió dos horas después en estado de coma y con una lesión cerebral irreversible. Desde aquel día, ha tenido que volver a aprender todo de nuevo, desde andar a leer. Con parecido esfuerzo, sus padres han tardado una década en lograr que un tribunal determine estos días qué pasó en aquella sala de operaciones, y si alguien tuvo la culpa.

Omar Contreras, un profesor de matemáticas chileno que había sido dirigente de Izquierda Cristiana, integrada en la Unidad Popular de Salvador Allende, llegó a La Coruña meses después del golpe de Pinochet, buscando un futuro para él, su mujer, América, y su primogénito de cuatro meses, Iván Alejandro. Cuando ocurrió "aquello" le explicaron primero en los pasillos del centro médico, y después en un informe que exigió, que "al iniciarse el cierre de la piel,"con el paciente entubado y todos los sistemas funcionando correctamente (...) En ese momento se observa que el paciente está cianótico [azulado por falta de oxígeno] surgiendo una situación de paro cardiaco". Los padres no estuvieron de acuerdo con la explicación oficial y presentaron una querella criminal por imprudencia temeraria. Pero tampoco se conformaron con un hijo condenado a ser mentalmente un bebé de por vida. Desde el principio, pese a las protestas del hospital, estuvieron con él las 24 horas del día. Después alquilaron un piso para hacerle una habitación especial, acolchada, donde intentaban reconstruirle, enseñándole desde neumáticos hasta ladrillos, la vida que se le había borrado. "No tuvo niñez, se le fue en el esfuerzo de aprender de nuevo. El se daba cuenta que antes sabía nadar y andar en bicicleta, y ahora no", recordaba su padre poco antes de comenzar la vista.

Iván logró, con dificultades, acabar EGB. "Ya no puede avanzar más", admite el padre. "Lo único que pretendo es asegurar su futuro y que, tarde o temprano, se haga justicia".

En esos 10 años, la querella pasó por cuatro jueces con distinta suerte. Y mientras, el padre enviaba telegramas diarios al juez, al presidente de la Audiencia, al ministro de Justicia, al Defensor del Pueblo...

Desde el viernes, en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de La Coruña se sienta Fernando García Prado, responsable de la anestesia en aquel quirófano, acusado de imprudencia temeraria. El fiscal pide 4 meses de arresto y 50 millones de pesetas de indemnización, el acusador particular, dos años y 80 millones o una pensión vitalicia equivalente. La defensa la absolución.