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Un acuerdo de paz de apenas ocho meses

Ruanda se encuentra otra vez inmerso en plena guerra civil, ocho meses apenas después de la firma de un acuerdo de paz entonces calificado de "histórico" y destinado a poner punto final a la rivalidad entre las etnias hutu y tutsi que ha ensangrentado durante decenios el país.Como en el vecino Burundi, la gran mayoría de los 7,1 millones de habitantes de Ruanda (aproximadamente el 90%) son hutus. Pero al contrario de lo que pasa en Bujumbura, donde los minoritarios tutsi han monopolizado la vida política, en Kigali es la mayoría hutu la que impuso tradicionalmente su dominio sobre las instituciones políticas y militares del país, apartando del poder a los tutsis. Decenas de miles de ellos se refugiaron en el extranjero.

Al llegar al poder en Kigali, tras un golpe de Estado incruento en julio de 1973, el general Juvenal Habyarimana -el mismo que murió en el accidente de avión de Kigali- intentó poner fin a los antagonismos étnicos y prometió otorgar a los tutsis una representación en los órganos de poder proporcional a su importancia demográfica. Esta política permitió aplacar, en un primer momento los seculares odios. El general Habyarimana, sin embargo, se negó a permitir el retorno a su país de los refugiados tutsis, lo que provocó una nueva tensión. Otra fuente de descontento fue la decisión del jefe de Estado de imponer un sistema de partido único.

Nace la guerrilla

Unos 10.000 tutsis se reagruparon en Uganda y crearon un movimiento guerrillero, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), que penetró en 1990 en su país. Siguieron tres años de una implacable guerra civil, en los que llovieron las acusaciones de ejecuciones masivas y de violaciones de los derechos humanos por las dos partes, y más especialmente del Ejército. Centenares de miles de personas abandonaron su hogar.

Ninguno de los bandos logró imponerse por la fuerza de las armas. El Gobierno y el FPR acabaron sentándose en la mesa de negociaciones, hasta firmar en el mes de agosto pasado, en Arusha (Tanzania), un acuerdo destinado a poner fin a los ancestrales odios. El general Habyarimana se comprometió a permitir la vuelta de los refugiados, a autorizar los partidos y a formar un Gobierno con representantes de ambas etnias.

. Desde entonces, el FPR no ha dejado de acusar al jefe del Estado de obstaculizar la aplicación de este acuerdo, y la tensión ha vuelto a subir. En febrero pasado fue asesinado el ministro de Obras Públicas, Félicien Gatabazi, miembro de la antigua oposición. El FPR acusó al Gobierno. Otra vez se encontraban reunidos todos los ingredientes para un nuevo drama.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de abril de 1994