El enfrentamiento entre el presidente y el Congreso sume a Guatemala en el caos político

La situación política en Guatemala no puede ser más confusa. El presidente, Ramiro de León Carpio, anunció ayer que no impondrá el estado de excepción, solicitado por el Congreso ante el clima de violencia que vive el país desde el asesinato del presidente del Tribunal Constitucional, Epaminondas González, entre otras razones (no explícitas) porque ello impediría la convocatoria de elecciones anticipadas, prevista en pocas semanas.

El adelanto de los comicios legislativos es la clave de la batalla. Los diputados luchan con todo tipo de subterfugios, como petición del estado de excepción, para no perder sus escaños. Las elecciones son la única vía que tiene Carpio para desembarazarse de un Congreso corrupto hasta la médula. La lucha por la depuración de las instituciones, encabezada por Carpio desde su llegada a la presidencia el pasado mes de junio, desembocó en una guerra abierta con el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, que mantuvo al país paralizado durante casi dos meses.

La situación de ingobernabilidad y el ruido de sables que llegaba desde los cuartes llevaron a Carpio a firmar un acuerdo con los diputados: el presidente abandonaba su cruzada higiénica a cambio de lograr una agenda legislativa mínima, que permitiera al Gobierno trabajar, y la aprobación de un paquete de reformas constitucionales que implicaba, entre otras cosas, el adelanto de las elecciones legislativas de 1995 al verano de este año.

Los diputados no salieron malparados. El paquete de reformas, que entró ayer en vigor, les otorga, entre otras prebendas, la posibilidad de reelección. El pacto, de hecho, se interpretó como una derrota del presidente.

El auténtico respaldo popular a las reformas constitucionales, sin embargo, es más bien escaso, como pudo comprobarse en la consulta popular celebrada en enero: el 84% de los votantes potenciales decidió quedarse en casa.