Un nuevo atentado pone a Guatemala al borde del estado de excepción

El balazo le sorprendió a la salida de un restaurante: Obdulio Chinchilla Vega, diputado de oscura trayectoria y fuerte peso en el Congreso guatemalteco, fue alcanzado en la tarde del miércoles por un francotirador que le hirió de gravedad en un pulmón. El atentado se produce en un país aún conmocionado por el asesinato, hace una semana, del presidente del Tribunal Constitucional, y un día antes de la entrada en vigor de una polémica reforma de la Carta Magna. El Gobierno está contra las cuerdas y estudia la inminente imposición del estado de excepción. Todos los partidos políticos condenaron el atentado y el presidente, Ramiro de León Carpio, reunió apresuradamente su Gabinete. Al igual que sucedió la semana pasada, tras la muerte del magistrado Epaminondas González Dubon, las peticiones de los sectores más conservadores de que se implanten medidas excepcionales acorralan al Gobierno.

Con un país en quiebra financiera, políticamente desarticulado y corroído por la violación de los derechos humanos, la imposición del estado de excepción abortaría no sólo las ya mermadas esperanzas democratizadoras sino además el proceso de pacificación con la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que empezó a fructificar el pasado 29 de marzo.

No es la primera vez que Chinchilla, representante del Partido Revolucionario en el Congreso, al que algunos sectores califican de "personaje turbio", sufre un atentado. En mayo de 1993 pudo salvar su vida de milagro tras ser literalmente acribillado a balazos por unos desconocidos. Entonces perdió el ojo derecho. Días después, el presidente Jorge Serrano Elías intentaba alzarse con el control absoluto mediante un autogolpe que fracasó ante las presiones externas e internas y la actitud comedida de las Fuerzas Armadas, el eterno poder ahora en la sombra.

Algunas fuentes consultadas coinciden en relacionar ambos hechos con las duras luchas de la oligarquía empresarial por repartirse el gran pastel de las privatizaciones de numerosas entidades públicas, entre ellas la Empresa Eléctrica y la Compañía Telefónica. Y esta batalla por los activos estatales habría condicionado todos los acontecimientos posteriores. La llegada a la presidencia, el 5 de junio, de Ramiro de León Carpio, trajo unas esperanzas de renovación que no han tardado en desvanecerse.