Interior se opone al intento del ministro Saavedra de reducir el papel de los gobernadores civiles

La modificación, a la baja, del papel de los gobernadores civiles ha abierto una polémica en el Gobierno. La pérdida de peso político de los gobernadores y su cambio de denominación, propuestas por el ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, suscita resistencias entre los altos cargos del Ministerio del Interior así como reticencias en numerosos ministros. La propuesta de Saavedra sobre los gobernadores se encuadra en la reforma de la Administración periférica del Estado que el jefe del Gobierno, Felipe González, pretende acometer antes del verano.

La polémica sobre los gobernadores civiles subió de tono el pasado viernes, una vez que trascendió la posición del ministro para las Administraciones Públicas, favorable al cambio de denominación de esta figura y a su pérdida de peso político. El Ministerio del Interior se encontró con una avalancha de llamadas de delegados de Gobierno, gobernadores civiles así como de otros altos cargos de la Administración central, preocupados por la modificación de la máxima figura de la Administración central en las provincias.El Ministerio del Interior prepara una propuesta sobre el tema, mientras numerosos ministros oponen algunas resistencias al cambio por razones de oportunidad política. La polémica continúa abierta.

La propuesta del Ministerio para las Administraciones Públicas pretende adaptar los servicios de la Administración central en la periferia al nuevo Estado de las autonomías y aprovechar el impulso autonómico, ofrecido por Felipe González, para llevarlo a cabo. El proyecto que maneja el actual titular, Jerónimo Saavedra, es una herencia del que ideó su antecesor en el ministerio, Juan Manuel Eguiagaray.

La lógica con la que funciona el Ministerio para las Administraciones Públicas es que la drástica reducción de funciones de la Administración periférica del Estado por el traspaso de competencias a las comunidades autónomas ha mermado considerablemente el papel de los gobernadores civiles. Además, la Constitución de 1978 consagra una nueva figura, inexistente hasta entonces, la del delegado del Gobierno que ha acumulado la representación gubernamental en cada una de las autonomías. Un ministro autonomista como Saavedra no sacraliza la figura del gobernador civil y no tiene inconveniente en cambiar su nombre y reducir su papel para adaptarlo al nuevo Estado de las autonomías. Pero en ningún caso se plantea la supresión de la figura sino su adaptación. El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dejado claro este extremo cada vez que se le pregunta por ello.

Funciones residuales

La nueva figura, sustituta del gobernador civil, vendría a ser, en la propuesta de Administraciones Públicas, la de un subdelegado que asumiría las funciones residuales de la Administración periférica en la provincia y que, previsiblemente, se coordinaría con el delegado del Gobierno. La posición de Saavedra cuenta con el respaldo del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, con el que mantiene despachos frecuentes en las últimas semanas, para preparar la propuesta de impulso autonómico que, muy probablemente, se haga pública con motivo del debate sobre el estado de la nación la tercera semana de abril.Numerosos ministros se muestran reticentes al cambio de la figura y González aún no ha dicho la última palabra. Las reticencias de los ministros proceden, fundamentalmente, de la oportunidad política de la decisión. Algunos ministros creen que el cambio de la figura del gobernador debe realizarse una vez que ha culminado el desarrollo del Estado de las autonomías y ya quede claro cuales son las competencias que la Administración del Estado se reserva en las comunidades autónomas. Transformar la figura con anterioridad les parece precipitado.

Pero más allá del mayor o menor peso político de la figura del gobernador civil en la configuración del Estado de las autonomías, la cuestión que late en el fondo de la polémica es la presión que los nacionalistas catalanes y vascos ejercen sobre el Gobierno para que suprima esta figura. Una vez más, el Gobierno se muestra preocupado porque la modificación de la figura del gobernador civil se interprete como una mera cesión a las presiones de los nacionalistas.

Es un hecho que el portavoz de Convergència i Unió (CiU), Miquel Roca, ha exigido al Gobierno la supresión de la figura del gobernador civil. Pero ésta no es una reivindicación nueva. El nacionalismo catalán la viene exigiendo desde hace mucho tiempo y más por una cuestión simbólica que por otra cosa. El peso de los gobernadores civiles se ha visto mermado considerablemente, de forma paralela al aumento de las competencias de las comunidades autónomas y el nacionalismo catalán y con él la Generalitat pretende ajustarlos al protocolo.

En el caso del nacionalismo vasco se mezclan otros factores. La propia denominación de gobernador civil tiene unas connotaciones que la memoria histórica del País Vasco vincula con la represión política, sobre todo, de la etapa franquista. "Pero aquellos gobernadores que actuaban como auténticos virreyes, nada tienen que ver con los de ahora", reconocen los propios nacionalistas.