Romper aguas

PODRÁN DISCUTIRSE -y es obligado hacerlo, primero en el Consejo Nacional del Agua y después en el Parlamento- algunos o muchos de los aspectos del proyecto de Plan Hidrológico Nacional (PHN), pero será difícil no mostrarse de acuerdo con los principios de equidad y de economía que lo inspiran.El cambio de estrategia del Partido Popular frente a dicho plan -renunciar a su petición de retirada a cambio de incorporar determinadas modificaciones- responde a esta visión más realista del problema. Un proyecto de la envergadura del PHN, que afecta a un bien estratégico como el agua, debe aquilatar al máximo sus medidas y propuestas, de modo que sirvan de manera efectiva a su objetivo fundamental: convertir el agua en un recurso uniforme y de calidad al servicio de un desarrollo económico y social armónico del conjunto de la sociedad española. Y con mayor motivo cuando en torno al agua se mueven intereses de todo tipo, plenamente legítimos unos y teñidos otros en demasía de rivalidad corporativa o de agravios de carácter regional.

Es lógico e incluso deseable que el proyecto de PHN se modifique y se corrija cuantas veces sea necesario antes de que sea aprobado por el Parlamento. Las 1.143 propuestas presentadas al primer anteproyecto son un buen punto de partida para el debate. Además de constituir una clara muestra del interés social que subyace en el tema del agua, estas propuestas contribuirán, sin duda, a perfilar más los objetivos del PHN y a ampliar su base de aceptación. En esta línea se mueven las que proponen aplazar hasta después del año 2000 los grandes trasvases de las cuencas excedentarias a las deficitarias y realizar sólo a corto plazo aquellos que son imprescindibles para satisfacer las necesidades urgentes de consumo industrial y humano en determinadas zonas. O las que reconsideran el número de hectáreas de regadío que deben ponerse en marcha al amparo del PHN.

Pero en un país como España, donde el agua es comparativamente más barata y se derrocha como en ningún otro de Europa, ningún plan que pretenda racionalizar a medio o a largo plazo el uso de los recursos hídricos puede dejar de lado el ahorro. Las alegaciones al PNH no olvidan esta cuestión. Y además es un punto sobre el que existe un general consenso entre las administraciones públicas, usuarios, ecologistas y comunidades de regantes. En este sentido, la propuesta de poner un precio al agua según su tipo de uso -independiente de las tarifas actuales, que sólo amortizan el coste de su tratamiento y conducción-será un factor disuasorio para el despilfarro, al tiempo que un apoyo a hábitos de consumo racionales que no consideren el agua un bien tan gratuito y abundante como el aire.

Habría que lamentar, sin embargo, que el debate sobre el PHN se eternizara y que un proyecto prometido por el Gobierno para la anterior legislatura quedara frustrado también en la actual. Es decir, que, además de ajustar al máximo las necesidades y objetivos de futuro en recursos hídricos (consumo y ahorro de agua, depuración de aguas residuales, obras de infraestructura, redes de distribución, relación entre precios y costes), lo que urge es establecer un plazo razonable para que el proyecto de PHN entre en el Parlamento.

Este proyecto se encuentra desde el pasado lunes en el Consejo Nacional del Agua para ser dictaminado por dicho organismo consultivo. Ello parece dar a entender que este plazo ha comenzado a contar efectivamente. No es descartable, pues, que el proyecto llegue al Parlamento antes del verano y que pueda promulgarse como ley a finales de año. Rayaría en la irresponsabilidad que se pospusiera por más tiempo el diseño de un sistema de redistribución y de aprovechamiento del agua que responda a los nuevos hábitos de consumo de los españoles, así como a la nueva situación territorial y socioeconómica alcanzada en España durante los últimos lustros.