Interior proyecta instalar cámaras de televisión en las calles de las ciudades para prevenir delitos

Interior quiere instalar cámaras de televisión de circuito cerrado en los barrios con mayor nivel de delincuencia de las principales capitales, con el fin de facilitar una rápida respuesta policial al descubrir un delito, así como grabar y poder identificar al autor de cualquier fechoría. El objetivo es triple: evitar la presencia estática de agentes en las calles, servir como elemento disuasorio y disponer de un material gráfico de relieve para esclarecer cualquier suceso. Interior pretende que este ojo electrónico sea cofinanciado por los ayuntamientos de las ciudades en que se instale.

Interior esgrime de entrada una sentencia del Tribunal Supremo para adelantarse a las posibles críticas de que impulsa un Estado policial orwelliano que se le puedan lanzar desde sectores jurídicos. Tal sentencia avala la legitimidad del uso del vídeo y los circuitos cerrados de televisión para labores de vigilancia u observación de lugares o personas que pudieran estar relacionadas con el hecho que es objeto de la investigación". El salto cualitativo que se produce ahora es que se filma no sólo a personas sospechosas, sino a todo viandante que pase bajo el objetivo de la cámara.Queda por articular un segundo elemento clave: las garantías del buen uso y el respeto a la privacidad de los ciudadanos con unas imágenes que no sólo son observadas en vivo por un equipo de agentes en un centro de control sino grabadas en cinta. Responsables de este proyecto se muestran dispuestos a garantizar que habrá todo tipo de medidas de control para evitar el desvío de las imágenes a usos indebidos.

La medida no es absolutamente nueva. Cuarteles, comisarías, bancos, centros de las diferentes administraciones y otras entidades públicas y privadas disponen desde hace años de cámaras de vídeo que no sólo graban a quienes visitan el centro, sino a las personas que transitan por sus cercanías. Precisamente, una cinta de vídeo grabada por la cámara de una sucursal bancaria de Barcelona sirvió para identificar a Juan Jesús Narváez Goñi, Pajas, y José Luis Urrusolo Sistiaga como miembros del comando itinerante de ETA cuando caminaban en 1992 por la calle poco antes de cometer un atentado.

Ocho cámaras por calle

Si en lo jurídico hay algunas dudas sobre la viabilidad del proyecto, en lo técnico están atados todos los cabos. Según los primeros estudios de un plan piloto, en un barrio con alta tasa de delitos al año -537 robos en el interior de vehículos, 127 robos en establecimientos, 71 robos en domicilios, 163 sustracciones de vehículos, 49 robos a punta de navaja y 347 tirones- se implantarían cerca de 250 cámaras, es decir, ocho por cada calle del barrio en cuestión. El largo ojo de la ley trasladaría, a través de la red telefónica, imágenes en directo de todos los ciudadanos que pasasen bajo su campo de acción hasta un centro de control, donde estarían destinados policías estatales y municipales.El centro tendría una plantilla de 33 agentes por cada turno, hasta cubrir las 24 horas del día. En total, 165 funcionarios trabajarían en el centro de control. A ellos habría que sumar los 16 agentes que realizarían labores de patrulla. En total, con el nuevo sistema trabajarían 181 personas en la supervisión de un área concreta. Ahora patrullan el barrio en cuestión unos 26 policías durante todo el día. Esto evidencia que el ahorro en personal no es la mayor virtud del nuevo sistema.

Más bien, se pretende ganar en efectividad en la respuesta policial y en el esclarecimiento de crímenes. Durante la mañana, el centro de control dispondría de tres patrullas de motoristas que se desplazarían velozmente al área donde una cámara estuviera captando un suceso. Por la noche, darían este servicio dos coches patrulla.

Responsables del proyecto, que aseguran que no está cuantificado el coste total del proyecto, admiten que "el normal desarrollo de la actividad ciudadana dificultará la vigilancia permanente en detalle y en tiempo real de la posible comisión de hechos delictivos". Sin embargo, Interior considera que se obtendría "mayor eficacia de la visión a posteriori de las cintas grabadas con imágenes referidas al lugar y en la hora de los hechos delictivos denunciados, a efectos de identificación de los delincuentes".

Otra ventaja del sistema, según fuentes de Interior, es que la "propia existencia de cámaras" podría constituir una medida disuasoria. De hecho, al estimarse que la localización de los puntos negros puede variar, se planea que las cámaras fuesen trasladadas a los nuevos escenarios de la delincuencia.

La implantación corno experiencia piloto de este plan en determinadas calles de un barrio concreto de una ciudad, según impulsores del proyecto, no puede en principio considerarse extensible a toda esa capital, dado el elevado número de recursos humanos y técnicos que sería preciso disponer.

Interior baraja la idea no sólo de centrarse en barrios singularmente conflictivos, sino en calles concretas especialmente castigadas por la delincuencia. El departamento que encabeza Antoni Asunción se plantea como objetivo prioritario implantar tal sistema en las grandes capitales que acumulan el mayor porcentaje de delincuencia, entre las que están Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, con cuyos alcaldes se pretende discutir el sistema.