El Tribunal de Cuentas cuestiona la contabilidad del Catastro en 1990

El Tribunal de Cuentas ha cuestionado la contabilidad del Centro de Gestión Catastral en su informe correspondiente a 1990. El tribunal señala en su informe que el departamento registró un exceso de contratación ("exceso de contracción de derechos", dice textualmente) por valor de 4.567 millones de pesetas. El ejercicio de 1990, marcado por el que se denominó catastrazo, fue también un año delicado para la empresa pública de revisión catastral, Catrisa. La sociedad, según informes confidenciales, caminaba hacia la quiebra por razones diversas, entre las que se menciona la sobrevaloración de contratos. Directivos de Catrisa han sido acusados de cobrar comisiones por subcontratar trabajos.

El informe del año 1990 del Tribunal, que preside Adolfo Carretero, está aún pendiente de las alegaciones del Catastro. Dichas alegaciones, según el Ministerio de Economía, se centrarán en las diferencias técnicas a la hora de contabilizar determinadas partidas.El Tribunal señala que el Centro de Gestión Catastral, además del exceso de contratación, contabilizó como derechos reconocidos remanentes de crédito anulados por el Estado por un total de 5.453 millones y aplicó indebidamente como ingresos transferencias del Estado "no contraídas por éste" por importe de otros 886 millones de pesetas.

Los desajustes en el Centro de Gestión Catastral coinciden en el tiempo con los recogidos en un informe confidencial de 1991, elaborado por la firma Oliver y Camps Auditores Asociados, sobre Catrisa. Esta empresa fue una de las sociedades que más contratos obtuvo del catastro entre 1987 y 1990 (más de 4.000 millones de pesetas, de los que cobró 2.835).

El informe sobre Catrisa Estudio sobre la previsión de resultados y flujos de tesorería a 30 de junio de 1991 señala que en dicha fecha "se halla en una manifiesta situación de quiebra técnica, no evidenciada contablemente hasta el cierre del ejercicio 1990, con motivo del ajuste de la valoración de los trabajos en curso".

La conclusión de Oliver y Camps es que, anteriormente a junio de 1991, los trabajos, en buena parte subcontratados por Catrisa, estaban sobrevalorados. De acuerdo con el documento que firma Enrique Rivas Mirangels, los resultados económicos "claramente desfavorables" de Catrisa se deben, entre otras causas, a la falta de un presupuesto previo de los costes previstos antes de concurrir a la adjudicación de los concursos; a los precios de oferta, que se determinaban subjetivamente prescindiendo de criterios económicos y al insuficiente grado de calidad técnica de los trabajos realizados, "lo cual ha impedido en algunos casos su recepción definitiva por parte del cliente y ha obligado a proceder a su repetición a cargo de Catrisa".

Previsión de resultados

Las conclusiones del informe de Oliver y Camps chocan frontalmente con las previsiones sobre resultados de la empresa realizadas por sus gestores y trasladadas a los accionistas. Según consta en diversos documentos, en el primer consejo de Catrisa al que asisten representantes del BCL (15 de marzo de 1989) se explicaron el balance y la cuenta de resultados de 1988, con unos resultados positivos de 28 millones de pesetas.Al mismo tiempo, se presentó un resultado previsto para 1989 con unos ingresos estimados de 1.170 millones de pesetas y una previsión de gastos de 1.048 millones de pesetas. Los informes del consejero delegado (Máximo Loizu) y del gerente (Juan Morrall Ballbé) eran plenamente optimistas. Y lo siguieron siendo en sus previsiones para el trienio 1989-1991. Las realidad fue muy distinta a la teoría. A partir del 4 de mayo de 1990 se manifestaron los primeros síntomas de que las estimaciones favorables sobre la marcha de la sociedad no reflejaban su verdadera situación.

La dificil situación de Catrisa a partir de 1989 se explica, en parte, por el descontrol en su gestión. Diversos testimonios recogidos en Santa Cruz de Tenerife, Huesca, Zamora y Lérida, dan cuenta de contrataciones irregulares; prestamismo laboral y sobresueldos no registrados. Juan Tomás Frago, de Lérida, asegura que trabajó con decenas de personas en la revisión del catastro, para Catrisa, "de forma ilegal".

Un antiguo delegado de Catrisa en Huesca, José Miguel Sanz La Hoz, explica que "nunca encontrabas a la persona que tuviera la última palabra". Juan García, en Puerto de la Cruz (Tenerife) afirma que trabajó, de forma indistinta, para Catrisa y otra empresa privada, según la localidad de que se tratara. Le pagaba la empresa pública. En Zamora, afirma E. P., "con una fotocopiadora teníamos que hacer maravillas.

Información elaborada por Santiago Carcar y José Yoldi.