Mezcla aberrante

MEZCLAR AL Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o a la institución del Defensor del Pueblo, órganos constitucionales -sobre todo el primero- de especial relevancia en el funcionamiento del Estado, con el Consejo de Energía Nuclear, el Consejo de Universidades o, incluso, el Consejo de Administración de RTVE, órganos meramente administrativos por más importantes que sean sus funciones, puede ser políticamente admisible, pero es institucionalmente aberrante. El Partido Popular se ha empeñado en hacer de esta mezcla la clave de Su estrategia en las negociaciones mantenidas con el PSOE sobre el llamado impulso democrático. O negociamos todo en bloque o no negociamos, ha sido su lema. Esta estrategia del todo o nada puede resultar más perniciosa para las instituciones del Estado que el denostado sistema de cuotas. Éste las desprestigia; aquélla bloquea lisa y llanamente su funcionamiento. -No todas las medidas sobre el impulso democrático, como lo denomina el PSOE, o la regeneración de la vida pública, como quiere el PP, tienen la misma importancia ni son igualmente urgentes. Algunas, como la renovación de las cinco vocalías del CGPJ vacantes desde hace más de dos años o la designación de un nuevo Defensor del Pueblo que acabe con el escándalo de la interinidad de más de un año en que se encuentra esa institución, son deberes pendientes de la anterior legislatura, cuyo cumplimiento no puede condicionarse a ningún otro acuerdo. Ni siquiera al de un nuevo Estatuto de RTVE, a pesar de la indudable importancia política que tiene el hecho de que el medio televisivo público funcione con mayor autonomía y no con la clara dependencia, a veces sectaria, que le vincula al Gobierno socialista. El CGPJ y la institución del Defensor del Pueblo. forman parte de ese espacio institucional básico, regido por principios y exigencias de interés general, al que los partidos políticos deberían preservar de sus pugnas y mantener al abrigo de sus estrategias políticas a corto plazo.

Un compromiso solemne en este sentido de los partidos políticos sería su mejor forma de contribuir al impulso democrático y a la regeneración de la vida pública que predican. Si las fuerzas políticas y el PSOE y el PP a su cabeza- se obstinan en recusar un modelo estable de normalización institucional que esté a cubierto de sus más inmediatos intereses electorales de partido, no es de extrañar que el pesimismo sobre la situación política cunda entre los ciudadanos españoles, como pone de manifiesto el barómetro de primavera realizado por Demoscopia para este periódico. Como tampoco debe extrañar al PP este otro dato: que su creciente ventaja en intención de voto respecto del PSOE siga siendo más por demérito de los socialistas y por desencanto de su base social que por méritos propios.