Conde ultima su recurso ante los tribunales por su destitución como presidente de Banesto

Mario Conde mantendrá viva la lucha contra su destitución como presidente de Banesto. Los abogados del ex presidente de la entidad financiera ultiman en estas fechas el texto del recurso que presentarán, por la vía ontencioso-administrativa, para que se anule la destitución de su cargo, ocurrida el 8 de diciembre de 1993. El plazo termina el próximo 9 de abril, día en que se cumplen dos meses desde que el ministro de Economía, Pedro Solbes, rechazara el recurso ordinario que Conde y otros 12 ex consejeros presentaron pidiendo la nulidad de la destitución decidida por el Banco de España.

También contestará a la demanda que presentará el banco pidiendo responsabilidades al anterior consejo, tal como decidió la junta de accionistas el sábado por mayoría, según aseguró a EL PAÍS Fernando Sánchez Calero, que le representa legalmente en las cuestiones mercantiles.La dinámica procesal, a la que Mario Conde aludió en su comparecencia ante los medios de comunicación el 11 de enero parece haberle llevado a la decisión de continuar por la vía jurídica para defender sus derechos. Tras ver rechazado el recurso ordinario el 9 de febrero por el ministro Pedro Solbes se abrió un periodo de incertidumbre sobre la posibilidad de que acudiera a los tribunales o que lo desestimase. Esa incertidumbre fue fomentada por el silencio que mantenía el propio Mario Conde, sólo roto cuando se conoció que trató de acordar con algunas autoridades monetarias un pacto de no agresión para salir airoso de la junta general de accionistas celebrada el sábado.

Ese día, el abogado Fernando Sánchez Calero, que ha asumido la defensa civil de Conde y otros ex consejeros, despejó las dudas. El catedrático de Derecho Mercantil, que fue una de las pocas personas ligadas al ex presidente que acudió a la junta de accionistas, desveló a este periódico que presentaría el recurso antes de la fecha señalada legalmente.

Según Sánchez Calero, "se trata de defender los principios de los anteriores administradores", tales como no haberse cumplido el trámite de previa audiencia de cinco días para tomar la decisión, el haber nombrado a representantes de bancos competidores o la acusación de que un 30% del capital podría ser autocartera "y que no se ha confirmado". Sáenz manifestó ante los accionistas que la autocartera es del 1,8% del capital, y el límite permitido se sitúa en el 5%.

Competencias

El recurso contencioso-administrativo contra la resolución del ministro debe interponerse ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al haber sido la resolución desestimatoria y el acto originario un acuerdo del Banco de España.La competencia habría sido de la Audiencia Nacional si el acto originario hubiera sido de ministro o de secretario de Estado o si se hubiera estimado el recurso. El proceso que continuará a la presentación del recurso contencioso-administrativo es indeterminado y podría incluso acabar, según los abogados, en el Tribunal Supremo.

Sánchez Calero, que aseguró que había acudido a la junta porque la habían invitado, y "no representando las acciones de Conde", también dijo que su representado no tenía previsto impugnar la junta.

Los accionistas que acudieron a la junta decidieron demandar a los anteriores gestores tras respaldar una acción social de responsabilidad contra todos por el quebranto causado al banco así como destituir definitivamente de sus cargos a las personas que administraban la entidad el 27 de diciembre de 1993. Conde y los ex consejeros tienen, en teoría, un periodo de 40 días para presentar la impugnación.

Precisamente, una de las cosas por la que Sánchez Calero esperó hasta el final de la maratoniana junta de accionistas de Banesto (duró algo más de nueve horas) era para conocer el texto de la acción social de responsabilidad y poder determinar la defensa.

La acción social de responsabilidad es el paso previo a la demanda que se debe presentar en los juzgados en una plazo de 30 días y a la que los encausados deben contestar, una vez que el juez se lo notifique a todos y cada uno de los consejeros destituidos.

La acción social de responsabilidad fue apoyada por la mayoría de los accionistas que estuvieron presentes o representados en la junta general del sábado. El consejo del banco, presidido por Alfredo Sáenz y con representantes de los otros grandes bancos españoles (BBV, Santander, Central Hispano, Argentaria y Popular), hizo suya la acción presentada por un accionista (Luis Pineda, presidente de la asociación de usuarios de banca, Ausbanc).

Varios frentes

La acción social de responsabilidad, textualmente, pide que "se declare la obligación solidaria de reparar el daño causado por actos contrarios a la Ley o a sus estatutos, así como los realizados sin la diligencia con la que los administradores hubieran debido desempeñar".La acción fue rechazada por el 10% del capital total del banco, porcentaje entre el que estaba el 7,9% del fondo Corsair (gestionado por J. P. Morgan), y otros ex consejeros, que, sin embargo, dieron su voto a favor al plan de saneamiento propuesto por el equipo presidido por Alfredo Sáenz.

Con esta nueva acción, ahora son varios los frentes abiertos ante Mario Conde: el civil (acción social de responsabilidad), el contencioso-administrativo (recurso de Conde contra la destitución así como el expediente abierto por el Banco de España), el penal (investigación del fiscal general del Estado) y el parlamentario (comisión de investigación del Congreso de los Diputados).

En la vía penal, Conde está defendido por el abogado Mariano Sánchez de Liaño, quien ha trabajado para él durante todos sus años al frente de Banesto así como en periodos anteriores a su llegada a la entidad.