La mili, en un callejón sin salida

El término "objetores de conveniencia", repetido una y otra vez por los responsables del Ministerio de Defensa, tras conocerse que el número de objetores sigue creciendo, recuerda inevitablemente el título de la película Matrimonio de conveniencia. En la película los agentes de inmigración estadounidenses descubren el carácter fraudulento del matrimonio entre una americana y un europeo, tras una serie de interrogatorios de los cónyuges, cuando el marido mete la pata, al ser preguntado por la marca de crema facial que usa su mujer.El Ministerio de Defensa ha renunciado a modificar la ley de objeción, pero exige al Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia (CNOC) que aplique las potestades que le otorga la ley para investigar la vida de los solicitantes, les requiera a que amplíen oralmente sus razonamientos y aporten pruebas y testigos que demuestren la veracidad de los motivos alegados. Con ello se desea que actúe como un tribunal examinador, a fin de separar los supuestos "objetores de conveniencia" de los "auténticos y genuinos" objetores de conciencia.

Dicho consejo, dependiente del Ministerio de Justicia, está formado por un magistrado, un vocal del Ministerio de Defensa, otro de Justicia, un objetor que ha cumplido ya la prestación social y un secretario nombrado también por Justicia.

Precisamente por la lesión que dichas atribuciones inquisitoriales hacían al derecho a la intimidad, e incluso a la misma libertad ideológicas y religiosa, el Defensor del Pueblo recurrió en su día la ley al Tribunal Constitucional. Pese a que el Alto Tribunal legitimó en una polémica sentencia dichas atribuciones, el CNOC, hasta la fecha, no había hecho uso de Is mismas.

Si tal vez hubiera sido posible, con un número anual de cinco o diez mil objetores, que el CNOC estudiase detalladamente a todos los solicitantes, en el momento actual, con casi setenta mil solicitudes en el 93, y un ritmo aún mayor en los primeros meses del 94, es imposible que cinco personas puedan llegar a investigar a la mayoría de los solicitantes. También, dada la magnitud del fenómeno, es difícil que se puedan crear puestos de prestación para todos los objetores, más cuando muchas de las tareas a que se les asignan inciden negativamente en el mercado de trabajo.

Hace dos años, con el nombramiento de Dionisio Llamazares como director general de Asuntos Religiosos y Objeción de Conciencia, Justicia hizo un importante esfuerzo de creación de plazas de prestación social, pero el fuerte tirón del número de solicitudes de objeción hizo fracasar dichos planes de normalización. A ello se añade el problema de los 9.000 insumisos, y la respuesta que a dicho fenómeno dan la mayoría de jueces, que se sienten molestos por tener que aplicar en su aspecto punitivo unas leyes y unas obligaciones que han perdido el consenso social que toda norma necesita para ser aplicada con un mínimo de legitimidad. Por ello, el plan de seis puntos aprobado ahora por el Consejo de Ministros, no podrá encauzar unas aguas, a estas alturas tan desbordadas. Además, si el CNOC rechaza en el futuro muchas solicitudes, lo que generará serán más insumisos.

El Ministerio de Defensa debe reconocer que tal vez la causa principal del aumento de la objeción y la insumisión ha sido el modo de trato que todavía se da en los cuarteles -de lo que han habido lamentables ejemplos estos días- unido al sentimiento de inutilidad que sienten los jóvenes al incorporarse a filas.

El brillante papel jugado por los cascos azules españoles en Bosnia, que ha dado una nueva imagen del ejército español, sigue teniendo su revés en los escándalos y las denuncias sobre malos tratos en unidades como las COE, paracaidistas y legionarios. Además, el papel político que ha jugado el ejército este último siglo no aporta razones de aprecio a una institución que, para muchos, ha andado tanto tiempo lejos de la realidad a que pretendía servir.

Es posible que ahora se incorpore a muchos más objetores a la prestación, pero si se mantiene su índice anual, el servicio militar obligatorio no podrá sostenerse por falta de efectivos humanos, y ése es el verdadero problema que tiene el Gobierno. La raíz del problema ha estado siempre en las mismas Fuerzas Armadas y no en los aciertos o errores del Ministerio de Justicia, aunque Defensa se empeñe en culpar a misteriosas manos negras, a la indolencia juvenil y la supuesta ineptitud de los ministros de Justicia. Negar que el sistema de reclutamiento obligatorio agoniza, castigando a los objetores, recortando las prórrogas a los estudiantes y limitando las exclusiones médicas por inutilidad, sólo conseguirá hacer más sonoros a sus estertores.

Xavier Rius Sant es experto en temas de defensa y autor de varios libros sobre el servicio militar y la objeción.