El Gobierno renuncia a crear un fondo para el pago de pensiones a hijos de padres separados,

El Gobierno no tiene previsto por el momento crear un fondo de garantía para solventar el impago de las pensiones alimenticias a los hijos de padres separados. Así lo afirmó ayer en el Senado la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, que compareció para contestar a una interpelación del PP. Este partido exigió en la Cámara alta la urgente puesta en marcha de este fondo para asegurar el cobro de las pensiones."El Gobierno no rechaza tomar esta medida, pero está preocupado sobre cómo llevarla a cabo y por cuánto puede costar", afirmó Cristina Alberdi.

La ministra reconoció que se está atravesando un momento presupuestario "difícil" que no permite destinar más dinero a este tipo de problemas. "No descartamos poderlo hacer en un futuro no muy lejano y este ministerio trabajará para desarrollar este fondo".Alberdi insistió en que el problema fundamental es cómo cuantificar esta partida presupuestaria por la falta de datos fiables. Citó por un lado el estudio del Consejo General del Poder Judicial de diciembre de 1989, en el que se daba una cifra de. un 14,5% de pensiones alimenticias impagadas y, por otro, el de la Asociación de Mujeres Separadas, que da una proporción entre el 70% y el 80%. Datos del Parlamento Europeo la sitúan en un 35%. La titular de Asuntos Sociales, que se autodefinió como "una de las pioneras de este fondo cuando ejercía como abogada", insistió en que de momento existen medidas alternativas antes de recurrir a su creación.

La introducción del artículo 487 bis en el Código Penal, que permite multas y penas de cárcel para los padres que no pagan, es en opinión de Alberdi, un instrumento fundamental para paliar la situación díficil que atraviesan las familias que no reciben su asignación para alimentos. "Aunque es necesario un tiempo de rodaje para consolidar la aplicación de este artículo, su efecto disuasorio puede hacer que en un futuro no sea necesario arbitrar una medida económica complementaria", afirmó.Cristina Alberdi recordó que otra vía de solución al problema son los salarios de inserción social de las respectivas autonomías que, en un alto porcentaje, van dirigidos a familias formadas por mujeres separadas o divorciadas con hijos a su cargo. En Cataluña representan el 60% de los beneficiarios, en el País Vasco el 39% y en Madrid el 36%, según datos dados por la ministra de Asuntos Sociales.

El PP acusó al Gobierno de desoír reiteradamente las propuestas de todos los grupos parlamentarios para la creación del fondo. El senador popular Adolfo Fernández Aguilar recordó que el Senado aprobó por unanimidad, en junio de 1991, instar al Gobierno para que enviara al Parlamento un proyecto legislativo para crear este fondo de garantía.

"El 487 bis se ha mostrado insuficiente para paliar la situación de necesidad inmediata de todas estas familias", afirmó el senador, e hizo hincapié en que hace un año la anterior ministra, Matilde Fernández, aludió a un estudio ya terminado sobre cómo articular este fondo, y recordó que era uno de los objetivos del primer Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres.

Impago

Según Fernández Aguilar, el impago de pensiones alimenticias por parte de los progenitores separados es una de las causas de la "feminización de la pobreza". El senador abogó por solucionar cuanto antes "el atasco" de los juzgados de familia en España.El PP presentó el pasado diciembre una proposición no de ley al Congreso de los Diputados para la creación del Fondo de Garantía, pero ampliando su cobertura a menores de familias monoparentales o abandonados que carezcan de recursos. La amplitud de objetivos fue la razón de que fuera rechazada por el PSOE, IU y CIU. El PP presentó también una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 1994, para dotar el fondo con 517 millones de pesetas. La propia ministra reconoció ayer en el Senado que esta cifra se quedaría muy corta.

La Asociación, de Mujeres Juristas Themis ha interpuesto en los últimos cuatro años 608 querellas por impago de pensiones por un valor que sobrepasa los 500 millones de pesetas. Sólo una pequeña parte de los incumplimientos llega a los juzgados.