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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Advertencia

NO DEBERÍA echarse en saco roto la advertencia lanzada por el fiscal de la Operación Mago, Javier Zaragoza, sobre el riesgo de corrupción que corren las instituciones en España a causa del dinero del narcotráfico. Según sus palabras, este peligro es inminente en Galicia: esa región está a punto de convertirse en una "pequeña Sicilia" y en cabeza de playa del narcotráfico internacional en España e incluso en Europa. En Galicia, según el fiscal que ha llevado el peso de la acusación pública en el proceso contra una de las organizaciones criminales más relevantes en España, comienzan apercibirse algunos de los rasgos que caracterizan a las sociedades dominadas por las mafias: miedo, silencio, sensación de impunidad, ajustes de cuentas, asesinatos encubiertos en forma de desapariciones y cierta tolerancia con el negocio de la droga por aquello de que redunda en beneficio de la zona.La denuncia del fiscal Zaragoza no es nueva. Se sabe que uno de los objetivos del narcotráfico es corromper a las instituciones del Estado (aparato policial, sistema judicial, poder político ... ) para neutralizarlas o hacerlas cómplices de su criminal negocio. Pero en la boca del fiscal Zaragoza esa denuncia es mucho más amenazante: el escenario que dibuja no está en ningún país lejano, sino en España y en Galicia; los datos en que se funda proceden de la observación y del examen en vivo de la infraestructura y de los métodos de actuación de la red de narcotraficantes que se había constituido como terminal del cartel de Medellín en España.

Hace algunos años, una denuncia parecida fue hecha por el antiguo diputado socialista por Pontevedra y ex alcalde de Vilanova de Arousa José Sito Vázquez. "Esto tiene un fin o acabamos un día convirtiéndonos en Sicilia o en Chicago años veinte", fue el nada tranquilizador pero realista mensaje de este político gallego, que desde los años ochenta ha venido luchando para impedir que el contrabando, primero, y el narcotráfico, después, se hicieran con el control económico de la zona. Es posible que de haber tomado las autoridades más en serio aquella denuncia, en lugar de minimizar la posición de España en el negocio mundial de la droga, la situación actual no mereciera la dramática calificación del fiscal Zaragoza. Bien es verdad que se habría necesitado algo más que la política, represiva al uso, cuyas contradicciones e insuficiencias son manifiestas. La mayor de ellas: que se le escapa al menos el 80% del negocio que amenaza con corromper a las instituciones y sume en el dolor y la angustia a sociedades enteras.

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