"He entendido el mensaje"

No debiera estar ausente del congreso del PSOE el análisis de la acción del Gobierno. De acuerdo con que el Ejecutivo lo es de todos los ciudadanos y no sólo de los socialistas, pero también lo es de los militantes, que lo apoyan y lo encumbran para llegar a ser. El Gobierno actual es fruto de las elecciones del 6 de junio, en las que Felipe González obtuvo su cuarta victoria consecutiva. Aquellos comicios los ganaron con muy pocos encargos, pero muy contundentes: el impulso democrático, el pacto social, el mantenimiento del pequeño Estado de bienestar conseguido en la última década y el proyecto de una Europa en la que profundizar los tres aspectos anteriores.Nueve meses largos después, el tiempo ha corrido tanto para algunas cosas que más bien parecen haber pasado nueve años. Y aquellos mensajes sustentados en el aviso de que viene la derecha no se han materializado en casi nada. Algunos dicen que para que el Ejecutivo sea eficaz en las materias en cuestión era imprescindible solucionar previamente los problemas del partido; pero tal pretexto no ha sido necesario para otros asuntos como unos presupuestos de guerra, la congelación del sueldo de los funcionarios o la puesta en marcha de la reforma laboral, aspectos en los que el Gobierno no se ha manifestado políticamente débil, sino que incluso ha superado una huelga general.

El impulso democrático ha quedado reducido a un intercambio de nombramientos (que, por cierto, tampoco ha sido positivo hasta ahora), pero no hay nada nuevo sobre la activación de la participación ciudadana; incluso se ha dado un cierto retroceso en los modos de gobernar, manifestado estos días en el escándalo de los fondos reservados y su aplicación a sobresueldos. Los fondos reservados deberían ser tales sólo hasta que el Parlamento pidiese el levantamiento de esa reserva, con todas las cauciones precisas; si los socialistas hubieran facilitado esta tarea, alguien habría tenido entonces la oportunidad de creerse los desmentidos del ministro del Interior. Pero no ha sido así.

El pacto social tampoco salió bien, de modo que las medidas económicas y laborales adoptadas se tomaron sin la complicidad de la patronal y los sindicatos; la austeridad ha sido, pues, una austeridad impuesta, no compartida, lo que le resta fuerza, aunque tenga toda la legitimidad democrática. En lo que se refiere al Estado de bienestar, la campaña electoral actuó como telón de fondo que ocultó la magnitud de la recesión y la amplitud de la crisis fiscal del Estado. El agravamiento del déficit público y el incremento del desempleo justifican por sí solos una reflexión sobre el futuro de las pensiones públicas como la practicada por el ministro de Economía, Pedro Solbes. Pero si las pensiones, la sanidad y la educación son la circunscripción mínima del Estado de bienestar según todos los estándares, ¿qué va a quedar del mismo en España?

La pregunta conlleva la última reflexión: el encantamiento europeísta de las generaciones de españoles maltrechas por la dictadura franquista no sólo tenía que ver con la obtención de las libertades políticas, sino con los niveles de welfare y calidad de vida de nuestros socios comunitarios. Ese encantamiento también ha quedado matizado por la crisis y la divergencia económica, por el déficit democrático explicitado tras el Tratado de Maastricht y por las dificultades de la ampliación de la UE de 12 a 16 miembros, que irremediablemente desplaza -si no se imponen garantías- el eje sociopolítico europeo hacia el norte, haciendo a España más periférica.

Urge resucitar las palabras de Felipe González a los ciudadanos en la noche del 6-J: "He entendido el mensaje". Tras este congreso, ¿ya no existirán excusas para ponerlo en práctica?