Los acuerdos de Chiapas

Escribo estas líneas después de haberse concluido en San Cristóbal la primera fase de las pláticas entre el comisionado para la paz y la reconciliación, Manuel Camacho; el obispo Samuel Ruiz, mediador, y los delegados de los insurrectos de Chiapas (EZLN). Hubo consenso sobre los temas esenciales y ahora sólo falta la ratificación final de los acuerdos por parte de las comunidades indígenas. Las pláticas se desarrollaron en dos etapas: una, consagrada a los temas regionales, que son el meollo de las reivindicaciones de los indígenas, y otra, la segunda, relativa a cuestiones políticas de orden nacional.El acuerdo sobre los temas regionales se logró con relativa facilidad. Los fundamentos históricos y morales de esas demandas eran claros y justificados. Ahora será indispensable que las partes, sobre todo el Gobierno, cumplan efectivamente con lo pactado. Es indispensable crear un organismo dotado de facultades y poderes para vigilar el cumplimiento de los acuerdos.

Al llegar a este punto, surge la pregunta que nadie o casi nadie ha hecho: ¿son factibles las soluciones propuestas? Me refiero a aquellas que dependen de factores externos y ajenos a la voluntad del Gobierno y de las comunidades indígenas.

Entre las causas determinantes de la situación desdichada de los campesinos de Chiapas hay cuatro, por lo menos, que escapan a su arbitrio: el excesivo crecimiento de la población; la escasa productividad de las tierras en_ la región de Las Cañadas, en donde está localizado el conflicto; el descenso internacional de los precios del café; en fin, las dificultades técnicas que implica ya sea la transformación de tierras de pasto (ganadería) en agrícolas, o bien la administración de las fincas ganaderas por las comunidades. No digo que estos obstáculos sean insuperables; digo que hay que contar con ellos. Los temas de carácter nacional eran los más difíciles, pero, a pesar del radicalismo verbal de los insurrectos, fueron resueltos con realismo y prudencia.

En primer lugar, de manera implícita, aunque no expresa, los insurgentes desistieron de su demanda original, absurda por lo demás: la renuncia del presidente y la formación de un gobierno provisional que convocase elecciones. Además, y esto fue esencial, aceptaron que los acuerdos sobre estos temas no fuesen resolutivos, sino declarativos. En efecto, se trata de asuntos que escapan a la jurisdicción y a la competencia tanto del EZLN como del comisionado. Por su naturaleza, esos problemas sólo pueden ser resueltos por la nación entera, ya sea a través de los poderes legalmente constituidos o, si se prefiere otra vía, por medio de un plebiscito o un referéndum.

Dos temas de orden nacional aguardan resolución del Congreso. Ambos merecen un comentario: los proyectos de reformas a los artículos 27 y 4 de la Constitución. Desde ahora puede decirse que sería funesto volver a la letra o al espíritu del antiguo artículo 27, como pretenden el EZLN y otros grupos. Durante medio siglo, al principio con las mejores intenciones y después como un método para manejar a los campesinos, ese artículo los convirtió en menores de edad y en instrumentos de los comisarios ejidales, es decir, del PRI y de los bancos gubernamentales. La emancipación de los campesinos no puede pasar por las horcas caudinas de esa versión mexicana de los ineficaces koljoses soviéticos que han sido la mayoría de nuestros ejidos. No se necesita ser un experto para prever que una vuelta al antiguo artículo 27 hundiría definitivamente a la agricultura mexicana, sin, por lo demás, liberar a los campesinos.

En cuanto a la reforma del artículo 4, sería gravísimo conceder a las comunidades indígenas regímenes de autonomía que significasen la vigencia de dos leyes: la nacional y la tradicional. En materia política y cultural, el pluralismo es sano, pero también lo es la integridad y unidad de la nación. En nuestra tradición están los gérmenes de una solución que preserve nuestra diversidad cultural sin lesionar la unidad de México.

El punto central se refirió a la democracia. Aunque no se trata de una resolución, sino de una declaración, su influencia será benéfica, ancha y profunda. Hace dos semanas saludé con entusiasmo y esperanza al Compromiso para la paz, la democracia y la justicia, firmado por los presidentes y los candidatos de ocho partidos nacionales. Mi último artículo terminaba así: "El compromiso es la vía de salvación. La responsabilidad del Gobierno y de los partidos es cumplir ese pacto; la nuestra, la de los ciudadanos, obligar al Gobierno y a los partidos a cumplirlo". Desde entonces se han dado pasos en la buena dirección. Muchos esperamos que las negociaciones entre el secretario de Gobernación y los dirigentes de los partidos nacionales fortifiquen el pacto, lo perfeccionen y lo hagan desembocar en un nuevo acuerdo. En suma, si todo sale bien, dos meses habrán bastado para que el conflicto de Chiapas, iniciado con tiros y muertos, se haya transformado en una conversación pacífica. La prudencia, la más alta virtud política según el clásico, parece haber triunfado. ¿Soy demasiado crédulo si digo que el alba de la democracia mexicana despunta en el horizonte? Pronto lo sabremos.

Octavio Paz es poeta y ensayista mexicano, premio Nobel de Literatura.