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El pacto entre el Gobierno y los zapatistas contribuye a democratizar México

Los compromisos alcanzados el miércoles entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno mexicano suponen un cambio histórico en la relación del poder político de esta república latinoamericana con las comunidades indígenas y permiten iniciar importantes transformaciones tendentes a sanear democráticamente el país y a lograr su anhelada credibilidad electoral. Los sucesos de Chiapas, pese a la sangre derramada, son ya el motor del cambio en México, según se asegura en medios políticos.

De las 38 exigencias del EZLN, leídas por uno de sus encapuchados el miércoles en la catedral de San Cristóbal de las Casas, el Gobierno mexicano ofreció respuestas sólidas a 35. Este hecho representa ya una auténtica revolución si se tiene en cuenta que el conjunto de las concesiones gubernamentales a la guerrilla contiene 11 modificaciones legislativas, el anuncio del autogobierno indígena, la reforma electoral que ansiaba ya el país y más de 30 acciones concretas de gobierno que implican directamente a ocho departamentos ministeriales.El presidente, Carlos Salinas de Gortari, saludó como positivo el acuerdo y se comprometió a apoyar los resultados de la primera ronda de negociaciones directas entre el EZLN y el representante de su Gobierno, el comisionado Manuel Camacho, que ha durado escasamente 10 días. Camacho reconoció en los zapatistas "un esfuerzo" al decidir cambiar su estrategia inicialde lucha armada por el diálogo, pasando de "la voz de las armas a la fuerza de las palabras".

La guerrilla mantuvo entre sus exigencias la dimisión del presidente Salinas. La reclamación era presentada no como una demanda individual, sino como consecuencia de una reclamación en favor de una mayor democracia y limpieza electoral en el país.

Sin embargo, el EZLN, sin renunciar a lo anterior, ofrecía al mismo tiempo una segunda vía alternativa para garantizar elecciones libres y democráticas: la incorporación de observadores y funcionarios independientes que "vigilen todo el proceso electoral, sancionen su legalidad y resultados y den garantías, como autoridad real máxima, de la legitimidad de todo el procesoelectoral". Lo anterior, que está comprendido en la primera y la segunda de las 38 reclamaciones que plantea la guerrilla zapatista al Gobierno, oficialmente no consta como contestado por Camacho, ya que considera que su contenido rebasa la mesa de negociación de Chiapas.

Sin embargo, todo es muy sutil y se nota que tanto la redacción de las exigencias zapatistas como las respuestas gubernamentales han sido consensuadas.

Proceso electoral

Camacho no contesta, pero anuncia un periodo extraordinario de sesiones para este mismo mes de marzo con el fin de discutir y aprobar reformas que garanticen la participación de ciudadanos independientes en la conducción del proceso electoral y que ninguna organización política tenga privilegios ni ventajas en la preparación de las elecciones, esto último en referencia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lleva controlando políticamente este país desde hace más de 64 años.

El Gobierno mexicano no sólo respondió,con soluciones a las exigencias indígenas, sino que incluso hizo una autocrítica histórica de la marginación a que ha estado sometido el sureño Estado de Chiapas y, en particular, los indígenas. En sus compromisos con el EZLN, Camacho reconoció que en Chiapas no se realizó con plenitud el proceso de la reforma agraria de la revolución mexicana.

En ese sentido, se anunció una ley de Justicia Agraria en Chiapas que permitirá el fraccionamiento y la enajenación de latifundios, la protección del patrimonio familiar de las comunidades indígenas y la integración del fondo de tierras para la atención de necesidades urgentes. Habrá cambios radicales en la relación entre el Gobierno y la propia sociedad mexicana con las comunidades indígenas del país que, en un futuro inmediato, se expresarán mediante gobiernos propios, verán protegidos sus derechos y serán reconocidos como cultura y fuerza laboral en el Tratado de Libre Comercio ya firmado por México con Estados Unidos y Canadá.

Prácticamente toda la sociedad mexicana, con excepción de los sectores más intransigentes del sistema, han reaccionado positivamente a este primer principio de acuerdo entre el Gobierno y el EZLN. La prensa mexicana calificaba lo sucedido en Chiapas el miércoles como una puerta abierta. a la concordia, sin vencedores ni vencidos. "Son cambios de fondo para hacer posibles los anhelos de justicia y dignidad de las comunidades indígenas con la modernización del país", dijo el comisionado por la paz y la reconciliación, Manuel Camacho.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de marzo de 1994

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