Contratas sin control
LAS CONTRATAS de obras y servicios públicos siempre han sido señaladas como una de las áreas más propicias para la corrupción. En los años presentes y en los pasados. Pero en el tiempo actual, el riesgo de las prácticas corruptas en este ámbito se ha acentuado, si cabe, en correlación con el impresionante crecimiento del papel inversor del Estado (sólo la Administración central tiene previsto invertir en infraestructuras 710.000 millones de pesetas durante 1994).Pero no sólo el creciente volumen inversor del Estado ha multiplicado objetivamente las posibilidades del tráfico de influencias, del soborno y del favoritismo o amiguismo a ambos lados de las mesas públicas de contratación. También, y sobre todo, la constatable tendencia de los administradores socialistas a relajar los controles legales y administrativos de la gestión pública en razón de supuestos motivos de urgencia, eficacia o, incluso, de interés público. A ello hay que añadir un factor enteramente nuevo respecto del pasado: la relación existente, según todos los indicios, entre la desbocada potencialidad de esas prácticas corruptas y la financiación irregular de los partidos, lo cual no hace sino subrayar la dimensión política de la cuestión.
Por si había alguna duda, el informe del Tribunal de Cuentas referente a 1990 demuestra con datos fehacientes -no simples rumores, habladurías o informaciones periodísticas más o menos contrastadas esa propensión global y permanente de los administradores socialistas a soslayar el marco legal establecido en la adjudicación de obras y servicios públicos. De las 1.467 contrataciones, realizadas en ese año por los departamentos ministeriales, sólo 90 se realizaron mediante subasta -el sistema más normal y con más controles-, mientras que 898 -más de la mitad- se concedieron mediante adjudicación directa, es decir, a dedo. El Tribunal de Cuentas rastrea este tipo de prácticas -convertir en regla lo que ley sólo admite como excepción- al menos hasta el año 1986. Y es la Dirección General de la Guardia Civil, y a partir del mandato de Luis Roldán, el área administrativa más aventajada en esa forma de actuar: todos los contratos de obras públicas del instituto armado han sido adjudicados a dedo en la última década.
Esta posibilidad real de incumplir o de soslayar la ley -bien por pura inobservancia o, sobre todo, por una interesada interpretación de la misma- es lo que resta credibilidad a cualquier norma con la que se pretenda combatir la corrupción, como es el caso de la nueva ley de contratos de las administraciones públicas, que se debate actualmente en el Congreso. Cuando se conoce la facilidad con la que los administradores y gestores públicos -lo denuncia el Tribunal de Cuentas- alegan motivos de urgencia para adjudicar directamente obras que tardan luego meses y años en ejecutarse o cuyos expedientes administrativos se eternizan, se ve enseguida que el problema no radica tanto en la ley como en quien la puede burlar impunemente. ¿Qué garantías existen de que la futura ley de contratos del Estado va a cumplirse con el rigor que tan escandalosamente se echa en falta en la.observancia de la actual?
Técnicamente, la nueva ley de contratos del Estado supone un importante avance sobre la vigente desde 1965. Agiliza y simplifica los trámites burocráticos, introduce elementos de coordinación entre las distintas administraciones en el ámbito del proceso concursal y, sobre todo, es más transparente. Pero en el aspecto político constituye sólo una respuesta parcial, aunque necesaria, a la demanda de limpieza de la vida pública por parte de la sociedad.
