Los técnicos de Leguina critican el decreto sobre el horario comercial
El proyecto recién nacido para regular los horarios comercia les de los hipermercados en Madrid empieza a provocar discrepancias internas en la propia Administración autonómica. Surgen las dudas sobre su legalidad y su eficacia.Ese texto -que reduce a ocho días al año la apertura en domingos y festivos, más las excepciones que fijen los ayuntamientos- ha recibido las críticas de los secretarios generales técnicos, máximos expertos jurídicos de las consejerías.
Todos ellos debatieron en la mañana de anteayer, martes, sobre la patata caliente ' y no llegaron a un acuerdo. Estos técnicos dudan de que el Gobierno regional tenga competencias al respecto y de si servirá para algo redactar un decreto que no incluye sanciones y puede quedarse en "un gesto".La mayoría de los par icipantes en esa reunión, presidida por el consejero de Presidencia, Agapito Ramos, comentó que no se podrá garantizar el cumplimiento del decreto al no establecerse en él sanciones económicas para los infractores. "Si no podemos multar por abrir en domingo, esto es papel mojado, una norma moral y voluntaria que nadie va al respetar", indicó uno de los participarities. Además, algún secretario recordó que la Comunidad no tiene competencias sobre comercio interior y, por tanto, no podría regular los horarios de los comercios. Un portavoz oficial del Gobierno central aclaró ayer, sin embargo, que todas las comunidades autónomas, aunque no tengan competencias en comercio interior -como Madrid- pueden reglamentar esos horarios.
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Los secretarios de las consejerías cuestionan la efectividad del decreto del comercio
VIENE DE LA PAGINA 1La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid elaboró la semana pasada un borrador de decreto en el que marca -por delegación del Estado- un máximo de ocho jornadas de apertura en domingos y festivos y facilita a los ayuntamientos de la región la posibilidad de aumentar esa cifra. Pero la opinión del Gobierno de Joaquín Leguina no es uniforme. Varios consejeros y casi todos los secretarios generales técnicos, salvo el de la Consejería de Economía, dudan que la Comunidad tenga esta competencia. La Generalitat de Cataluña ha intentado en dos ocasiones aprobar sendas normas restrictivas en este sentido y ha comprobado que el Tribunal Constitucional las ha anulado.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad abordará hoy la discusión política sobre este polémico decreto. La decisión, en cualquier caso no se tomará esta semana.
El pasado martes, y como todas las semanas antes de los consejos de Gobierno, los secretarios generales técnicos de las nueve consejerías de la Comunidad se reunieron con el responsable de Presidencia, Agapito Ramos, para preparar la cita de hoy. Estas sesiones suelen ser eminentemente técnicas. La del martes no lo fue.Libertad de horariosAgapito Ramos quería escuchar opiniones imparciales. En la conversación se recordó que un cualificado grupo de mujeres socialistas, encabezado por Carmen Romero, la esposa del presidente del Gobierno, Felipe González, también se ha pronunciado a favor de la libertad total de horarios. El propio Ramos ha reconocido con humor las presiones de su esposa.
Los consejeros y secretarios generales consultados, además, se han mostrado más partidarios de preocuparse por favorecer las necesidades de los consumidores que las de los pequeños o medianos empresarios.
La comisión de secretarios concluyó que no tenía sentido elaborar una norma que limite los horarios si no se complementa con sanciones a los infractores. Algún secretario propuso postergar la regulación un año más.
Por otra parte, hubo en la comisión quien recomendó estudiar la aprobación de una ley -y no un decreto- en la que se incluyan, junto a los horarios, las multas. La ley retrasaría la regulación muchos meses y precisaría del consenso de los partidos políticos.
Los secretarios generales echaron en falta, además, que la Consejería de Economía no preparase, para entregar en la comisión, un estudio sobre el impacto económico del decreto. La comisión reclama asimismo informes jurídicos del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social.
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