Contra los fundamentalismos

Manuel Rodríguez-Piñero, presidente del Tribunal Constitucional, se reunió el martes en un almuerzo con un grupo de periodistas con los que comentó informalmente varios temas de actualidad. Al abordar la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo contra la ley del catalán, se le preguntó si cabe o no que la Generalitat regule como deber el conocimiento del catalán en la escuela. Rodríguez-Piñero contestó: "No creo que exista el derecho a no conocer el catalán". El presidente del Constitucional precisó que hablaba "como ciudadano".El presidente del alto tribunal lanzó un mensaje de concordia al abordar este asunto: "No tiene sentido vivir'en Cataluña y no conocer el catalán, ni vivir en París y no conocer el francés", afirmó. Rodríguez-Piñero se mostró partidario de no "echar más leña al fuego" y de buscar soluciones en el terreno del sentido común, la comprensión y la tolerancia."A mí me preocupa cuando los conflictos se plantean desde la intolerancia, de unos y de otros, porque si no se canalizan y solucionan, pueden aca-. bar en catástrofes", afirmó.

Los periodistas le preguntaron si el conocimiento del catalán podía condicionar la obtención del certificado escolar, que es una de las cuestiones contra las que recurre el Tribunal Supremo. Rodríguez-Piñero no quiso pronunciarse sobre ello, precisamente uno de los puntos clave de la cuestión de inconstitucionalidad. Sí dijo, sobre la existencia de un sistema educativo único en Cataluña, que los mecanismos de integración social "son positivos" y que le parecía aceptable "una política que evita los catalanes de primera y los catalanes de segunda".

Respecto a la expresión "deber de conocer" que la Constitución reserva para la lengua castellana, el presidente del Constitucional señaló que este tribunal ya ha dicho en otras ocasiones que el deber de conocer el castellano quiere decir que su desconocimiento no exime a nadie de hacer algo, pero sin que ello sup9nga una coacción a nadie. Rodríguez-Piñero desaconsejó actitudes cerradas o fundamentalistas, tanto en temas religiosos como lingüísticos. También se manifestó partidario de tener en cuenta el número de personas afectadas por el supuesto conflicto lingüístico. "La catalanidad no puede ir en contra de la unidad y la pluralidad de España", aseguró.

El presidente del Constitucional, que no cree que el fallo sobre la Ley de Normalización Lingüística lo pueda abordar el actual tribunal, cuatro de cuyos miembros, incluido él, serán renovados en 1995, señaló que no le parecían respetables las palabras de algunos políticos nacionalistas que han cuestionado su apoyo a la Constitución según sea el fallo del alto tribunal sobre esta ley.

También el martes, el fiscal jefe de Cataluña, Jiménez Villarejo, se manifestó en favor de la constitucionalidad de la ley del catalán aunque exigió respeto al derecho individual.