IU pide a Leguina una ley que amplíe a 70 el número de concejales en Madrid

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid quiere que la futura ley de capitalidad permita elevar de 57 a 70 el número de concejales que elegirán los madrile ños para su Ayuntamiento en los próximos comicios de mayo de 1995. Además, la coalición propone elecciones directas en cada uno de los 21 distritos de la ciudad para decidir el color político de los 21 gobiernos de barrio.

Estas dos propuestas forman parte del proyecto de ley de capitalidad que ha elaborado Izquierda Unida y que propondrá hoy su portavoz, Francisco Herrera, al Gobierno regional de Joaquín Leguina. Herrera considera que los 30 concejales del PP (la oposición, IU y PSOE, suman 27), que gobierna actualmente en el Ayuntamiento no son suficientes para atender adecuadamente las 21 juntas de distrito, las 10 concejalías, las siete empresas municipales y los cinco organismos autónomos. "Hay que tener en cuenta que cualquier distrito madrileño tiene una población similar a Burgos y mucho mayor que Ávila o Soria. El aumento de concejales que reclamamos es razonable y permitiría atender a todas las responsabilidades", afirma Herrera.En los 64 artículos del texto elaborado por Izquierda Unida se incluye también la propuesta de crear dos nuevas categorías laborales, la del director de servicios y la del gerente ejecutivo, para "mejorar la gestión municipal y hacerla más eficaz".

Izquierda Unida no incluye en su proyecto de ley los aspectos económicos, aunque su portavoz defiende la necesidad de que el Ayuntamiento facture y cobre los servicios que la capital presta al Estado y a la autonomía. El PP ya ha puesto precio a esos servicios: 15.000 millones.

Virgilio Cano, consejero de Cooperación, se reunió el lunes con los concejales del PSOE para conocer la opinión de sus compañeros de partido sobre el contenido del proyecto de ley de capitalidad. José María de la Riva, edil socialista, criticó las exigencias del PP para aceptar la ley, pendiente de aprobación desde hace 11 años. "El alcalde quiere que la Comunidad y la Asamblea le resuelvan sus problemas internos con esta ley", afirmó De la Riva. "Y por eso pide que le monten un gobierno paralelo de directores de servicios, cuando el Ayuntamiento tiene autonomía suficiente para organizarse como quiera". De la Riva también se mostró contrario a la obligatoriedad de que el Estado pague a la capital por los servicios que presta y no cobra el Ayuntamiento. "Ese aspecto se tendría que incluir en una ley de grandes ciudades, pero no aquí", afirmó.