Defensa promete tomar "medidas contundentes" si hubo malos tratos a los 18 soldados fugados

"Como no es tolerable que haya malos tratos, si éstos existen se tomarán medidas, y les aseguro que contundentes". El ministro de Defensa, Julián García Vargas, se comprometió ayer a investigar hasta sus últimas consecuencias el caso protagonizado por 18 jóvenes que cumplían la mili en la Compañía de Operaciones Especiales (COE) de Palma de Mallorca y se fugaron del cuartel para denunciar presuntos malos tratos. "A pesar de lo irregular de la forma de denunciarlos, si los hechos fueran ciertos se actuaría en consecuencia, y a los muchachos que han hecho esa protesta, si tienen la razón, se les dará"

El titular del Juzgado Militar Territorial número 52, comandante Mata Guerra, acabó ayer de tomar declaración a los 18 soldados, asistidos por abogados de oficio, y elevó las diligencias a sumario, lo que significa que ha apreciado indicios de delito.Los jóvenes están cumpliendo un mes de arresto preventivo en el regimiento Mixto de Artillería de Palma de Mallorca, a donde han sido trasladados en lugar de a su unidad, la base General Asensio, de la misma ciudad, para evitar incidentes.

Los soldados se han comunicado telefónicamente con sus familiares. En breves conversaciones de tres minutos han explicado la razón de su comportamiento. La madre de David Santos, de Huelva, que actuó como portavoz del grupo en las declaraciones que efectuaron a Antena 3 Televisión antes de entregarse, dijo que su hijo le había contado en otras ocasiones los malos tratos que sufría en el cuartel y que su deterioro físico era notable.

Antonio Barceló, uno de los abogados que asistió a la declaración, afirmó: "La entereza de los jóvenes es absoluta y completa. Ninguno de ellos se ha roto y, a pesar de su juventud, se comportan como verdaderos hombres". Barceló indicó que los protagonistas de la huida se encuentran "muy tranquilos" y que el interrogatorio judicial fue "extenso, correctísimo y normal".

Cada uno de los jóvenes prestó delaración ante el juez, por espacio de una hora, a lo largo del lunes y martes. Comparecieron en una doble condición: como presuntos implicados en un delito militar o en una falta de indisciplina; y, a su vez, en calidad de testigos de su propia denuncia, como víctimas de malos tratos.

Huida colectiva

Según las declaraciones que han hecho ante el juez, la huida del cuartel fue colectiva y tuvo lugar a las dos de la madrugada del lunes, tres horas antes de contactar con la citada emisora de televisión. En opinión de Barceló, a los soldados no se les ha interrogado sobre las circunstancias de la escapada y de sus palabras no se deduce que obedecieran a una estrategia concertada.

Éste es uno de los puntos claves para determinar si incurrieron o no en un presunto delito de sedición, que el Código Penal Militar castiga con entre uno y 15 años de cárcel. "La huida respondió a acciones individuales coincidentes", según el abogado.

La fuga y posterior entrega de los 18 soldados, sin precedentes en la reciente historia española, cayó como una bomba en el Ministerio de Defensa y entre los mandos de las Fuerzas Armadas. Los responsables del departamento hicieron todo lo posible por minimizar el alcance de los hechos, subrayando que se trataba de un "caso aislado", en palabras del ministro, o descartando la posibilidad de que se les pueda acusar de sedición, como hizo el portavoz del ministerio.

No obstante, a última hora de la tarde, el ministro introdujo un nuevo elemento en su valoración del incidente, cuando fue abordado por los periodistas en el Senado. "A medida que avanza esto, llama más la atención la forma y la fecha [en vísperas del aniversario del 23-F] en que se ha producido la protesta de estos muchachos. Da la impresión de que alguien les está aconsejando mal y cabría preguntarse si ese alguien tiene alguna intención que va más allá de defender a estos chicos, que tenían otros cauces de poner en conocimiento de sus mandos superiores la situación", dijo.

García Vargas no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que los soldados sean acusados de sedición, alegando que "es el juez el único que puede determinar si se ha incurrido o no en ciertos delitos".

Sin embargo, su jefe de gabinete y experto jurídico, Jesús del Olmo, declaró a Onda Cero: "No creo que haya un delito de sedición. Los hechos no tienen la gravedad que prevé el Código Penal Militar para estos delitos de sedición". En su opinión, su conducta podría encajar más fácilmente en la ley disciplinaria, que prevé como sanción máxima tres meses de arresto. "Hay que determinar si existe por parte de los soldados una responsabilidad disciplinaria por omitir el conducto reglamentario".

En último término, será el propio García Vargas quien decida la forma de abordar los hechos, ya que el fiscal militar, a diferencia del civil, recibe órdenes del ministro y difícilmente se les podrá procesar por sediciosos si no hay acusación. El fiscal jefe del Tribunal Militar Territorial Primero, bajo cuya jurisdicción está la guarnición de Baleares, decidió ayer trasladarse a Palma de Mallorca, para investigar los hechos. El Ministerio de Defensa ha optado por tomar en sus manos el control del caso y las autoridades militares locales dejaron de facilitar cualquier información al respecto.

La COE de Palma de Mallorca continuaba ayer con su programa previsto de maniobras fuera de las dependencias del cuartel, aunque está diezmada, ya que un tercio de sus miembros -18 de los 70 soldados- se encuentra bajo arresto.

Los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Coalición Canaria solicitaron ayer que el ministro de Defensa, Julián García Vargas, en el Congreso para que informe sobre el caso. El Partido Popular se limitó a exigir que se aclare lo ocurrido.

El Ministerio de Defensa solicitó ayer la comparecencia urgente ante el Congreso del secretario de Estado para la Administración Militar, Julián Arévalo, competente en materia de servicio militar, que se celebrará probablemente la próxima semana.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, indicó que "el fiscal general del Estado tomará nota del caso".