El Gobierno restringe la adjudicación 'a dedo' de contratos públicos a las empresas privadas

El Gobierno quiere poner difícil la repetición del caso Ollero o el de Luis Roldán y ha decidido extremar el control de la contratación pública con entidades privadas,lo que limitará sustancialmente la adjudicación a dedo. Ayer dio luz verde a la creación de una mesa de contratación para todos los casos de adjudicación, incluida la designación directa. Ésta es una de las medidas del proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, y que recibirá el apoyo parlamentario de IU, CiU y el PNV y ha sido criticado por el PP.

El proyecto de ley, aparcado por la convocatoria de elecciones, fue recuperado ayer por el Ejecutivo con la intención de aumentar la transparencia y la flexibilidad en la contratación pública mediante una reducción de plazos que la haga menos gravosa.Se generaliza la publicidad de las adjudicaciones superiores a los cinco millones de pesetas; se potencia el Registro de Contratos, al que se califica de "público"; se impide el acceso a los contratos públicos a las personas que "no son merecedoras de la confianza que la relación contractual con las administraciones públicas implica", y se delimita el régimen de responsabilidad disciplinaria y patrimonial de autoridades y funcionarios. También se incorpora el contenido de las directivas comunitarias.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó en rueda de prensa que el proyecto de ley, que forma parte de las medidas de impulso democrático, pretende "garantizar plenamente los principios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia".

La respuesta del PP fue contundente: su portavoz en la Comisión de Administraciones Públicas, Manuel Núñez, afirmó ayer que el proyecto "repite los errores y los gravísimos errores" del anterior y multiplica las posibilidades de corrupción.

En su comparecencia, Pérez Rubalcaba repasó la marcha de las medidas de impulso democrático, y destacó los acuerdos con el PP sobre el Reglamento del Senado, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la reglamentación sobre la transparencia de los trabajos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). También anunció un próximo acuerdo sobre el Reglamento del Congreso, la cobertura de las vacantes del Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo.

El Consejo de Ministros adoptó, además, los siguientes acuerdos:

-Oferta de empleo público: El Gobierno ha decidido convocar sólo 5.985 plazas, con lo que al final de 1994 habrá 9.000 funcionarios menos en España. La nueva oferta pretende mejorar la plantilla de la Agencia Tributarla y las dotaciones de Educación e Inserso.

-Nombramientos: Juan María López-Aguilar, embajador de España en Mauritania.