El Congreso aprueba por unanimidad, entre gritos y pateos, investigar la gestión de Roldan

La investigación arrancó ayer con un estrépito de gritos y pateos. La unanimidad de los 281 diputados presentes en el Congreso al aprobar la creación de una comisión investigadora sobre la gestión de Luis Roldán al frente de la Guardia Civil no evitó un crispado debate, con apelaciones a la "azarosa vida" de Roldán, los "intereses ocultos" del PP y el fin de la dictadura franquista. El primer civil que dirigió el instituto armado tendrá que dar amplias explicaciones de su gestión. El PSOE y el PP sólo estuvieron de acuerdo en dos asuntos: que la comisión se constituya y que el presidente del Congreso, Félix Pons, "vele" para que sus trabajos no interfieran en las investigaciones judiciales sobre Roldán. En un momento del debate, Pons quiso acallar las voces y pidió: "Dejen que me equivoque solo".

Rogelio Baón, portavoz del Partido Popular, adelantó lo que puede ser el mayor escollo: esclarecer la "presumible conexión" entre el patrimonio de Roldán y las adjudicaciones de proyectos de inversión de la Guardia Civil.El clima enrarecido del debate subió de tono cuando Baón trazó un perfil de Roldán "sin ánimo de invadir su intimidad", según dijo. Sus palabras fueron: "Este hombre de vida azarosa, atribuyéndose títulos universitarios no obtenidos y con un tren de vida manifiestamente desorbitado y por encima de las posibilidades comunes, con una ruptura matrimonial que le ha desposeído de la mayoría de sus bienes, reconstruye su patrimonio a una velocidad fulgurante, con su sueldo mensual de 500.000 pesetas, pagando a su ex mujer pensión compensatoria de más de 100.000 pesetas mensuales, amortizando créditos de más de 37 millones de pesetas ( ... )". "¡Vamos, que sería un portento para sacar de los números rojos a muchas empresas públicas!", remató.

El pataleó y los gritos inundaron el hemiciclo. El socialista Demetrio Madrid dio voces e hizo gestos de indignación, lo que fue replicado con más pateos y más gritos en las filas populares. Desde IU llegó un inesperado capote de Antonio Romero: "No estamos aquí para hablar del estado civil del señor Roldán. No estamos en la dictadura, señor portavoz del Grupo Popular".

Más confusión y nuevos gritos. Pons tuvo que llamar al orden al diputado del PP por Navarra José Antonio Gayarre, alcalde de Fustiñana, que durante la intervención del portavoz socialista, Jesús Caldera, gritó desde el escaño: "Cállate ya, que ya has hablao bastante". En otro momento, Pons se dirigió a los bancos del PP para ironizar: "Gracias por su colaboración, pero dejen que me equivoque solo".

En su discurso, Baón afirmó: "Es más que escandaloso que los innumerables contratos de construcción y reparación de cuarteles de la Guardia Civil, por un monto superior a los 60.000 millones, se hayan adjudicado de forma directa, sin concurso público, entre unos 50 constructores, con los mismos arquitectos, con arreglo a una práctica repetitiva -¡todo un cúmulo de indicios racionales!- de clientelismo, amiguismo y nepotismo".

Recordó después que Roldán no hizo declaración de bienes cuando fue nombrado delegado del Gobierno en Navarra ni al llegar a la Guardia Civil, en noviembre de 1986, y que la declaración que formulé en 1993 la hizo el 8 de diciembre, 15 días después de que Diario 16 destapara el escándalo.

En nombre de los socialistas, Caldera acusé a Baón de "ocultos intereses", lo que provocó abucheos de los populares. Para Caldera, el Partido Popular ha emitido el fallo antes de "conocer, analizar y proponer".

Caldera avanzó una réplica a las acusaciones contra Roldán, al explicar que la ley permite la adjudicación directa de determinadas obras "por razones de seguridad". De cualquier modo, Caldera aseguró que su grupo "ofrece la más entusiasta colaboración" para la investigación.

Josep López de Lerma, portavoz de Convergència i Unió, dijo que su grupo no va "a participar en ningún tipo de proceso parajudicial contra nada ni contra nadie".

Antonio Romero, de IU, además de reprochar al portavoz popular las alusiones personales a Roldán, aseguró que la comisión es soberana para analizar todos los aspectos que crea convenientes y que "los fondos reservados son la única zona vedada que tiene este Parlamento".

La crispación llegó también a los pasillos de la Cámara, donde Federico Trillo, del PP, afirmó: "Me duele afirmar que han querido dar una patada a Corcuera en el trasero de Roldán". El presidente del grupo socialista, Carlos Solchaga, quiso dejar claro poco después que ningún diputado socialista "ha forzado" la creación de la comisión.

Según Trillo, la responsabilidad política de Luis Roldán ya se ha dilucidado con su dimisión, pero la comisión tendrá que buscar otras responsabilidades. "En ningún caso creo que Corcuera tenga que ver nada con los asuntos de Roldán, pero se equivoca al decir que fue ortodoxa la forma en la que el ex director general hizo su patrimonio".