Investigado en Italia el 'número dos' del PDS por presunta fínanciación ilegal del partido

Las Investigaciones sobre la financiación ilegal de la política en Italia alcanzaron ayer de Heno al Partido Democrático de la Izquierda (PDS) a los dos años del comienzo de Manos Limpias. La denuncia del ex líder socialista Bettino Craxi provocó que el nombre de Massimo d'Alema, portavoz parlamentario, número dos del PDS y hombre muy cercano al secretario general Achille Occhetto, figure en el registro de investigados. El caso ofrece muchas dudas, pero tendrá efectos negativos sobre la imagen del antiguo partido comunista y actual PDS en la dura campaña para las elecciones del 27 de marzo.

La denuncia de Craxi era conocida, pero la única audiencia que la ha admitido a trámite ha sido la de Roma, tradicionalmente sensible a los requerimientos de políticos que gobernaron la Italia de los años ochenta, como el democristiano Giulio Andreotti o el propio Craxi. Las diligencias practicadas son muy incipientes, ya que el juez ni siquiera ha emitido todavía el llamado aviso de garantía, que señala el momento en el que el investigado tiene derecho a personarse para su defensa porque los indicios que pesan contra él son ya valorados como consistentes.Todo esto debería restar importancia al caso que, por otra parte, se refiere a una presunta financiación ilegal simple, es decir, al cobro de cantidades impropias o no declaradas legalmente, pero sin relación con la concesión de favores políticos concretos.

El líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, se encuentra investigado por una ilegalidad de este tipo, mientras que las causas por corrupción o concusión, delitos asociados a los intercambios de favores por dinero, abundan en todos los demás grandes partidos.

Pero el PDS ha hecho de la honestidad su bandera, que defiende con dificultades crecientes desde hace meses. El acto de la magistratura romana ha llegado en el momento ideal para destruir cualquier mito: cuando una campana que parece condenada a desarrollarse a golpe de denuncia y descalificación, más que a través de la discusión de programas de Gobierno, deja muy poco margen para el razonamiento.

Entre los 6.059 investigados y 3.096 detenidos que Manos Limpias ha producido durante los últimos 24 meses varias decenas eran ya del PDS. Se trataba, sin embargo, de autoridades locales relacionadas con casos personales y muy concretos, que no implicaban al Partido Comunista de Italia (PCI) ni a su sucesor desde 1991, el PDS, en la corrupción sistemática descubierta en los partidos tradicionales del Gobierno.

Primo Greganti, un ex funcionario comunista que cobré decenas de millones del grupo Ferruzzi, fue el único caso que puso en peligro a la alta dirección del partido de Occhetto. Greganti aseguró, durante meses de cárcel, que había cobrado el dinero para él por servicios de asesoría, y el pasado otoño logró demostrar haberlo invertido en comprarse un piso.

La honestidad del PDS quedó a salvo. Pero cuando anteayer Renato Morandina, dirigente véneto del partido, se personó voluntariamente ante la magistratura de. Milán como responsable personal y exclusivo del cobro, también por servicios de asesoría, de 200 millones de liras (unos 16 millones de pesetas) que un ejecutivo de Fiat declaraba haber pagado al partido de Occhetto, los jueces encontraron difícil creerle.

Bien es verdad que la declaración del citado ejecutivo de Fiat fue desmentida por sus superiores y que nadie tenía noticias de que en el PDS hubiera una "corriente de D'Alema", presunta destinataria del pago. Pero siguen sin ser claras las razones por las que Fiat habría pagado una abultada asesoría a Morandini, que es un simple maestro.

Acusaciones sin pruebas

La extraña confesión de Morandini amenaza la credibilidad del PDS, pero se mantiene por completo ajena a la investigación sobre D'Alema, que se basa exclusivamente en la denuncia de Craxi. El ex líder socialista había reiterado, primero ante el Parlamento, y muy recientemente ante el juez Antonio Di Pietro en una audiencia pública del juicio contra el financiero Sergio Cusani, que el PCI se financió siempre con aportaciones de empresas cooperativas bajo su influencia, a las que facilitaba contratos públicos, y con el dinero de Moscú. Craxi nunca dio prueba de estas afirmaciones, ni señaló culpables concretos.Al parecer, la memoria que Craxi presentó el pasado sábado ante la magistratura de Roma tampoco contiene pruebas, pero sí los nombres de Occhetto, de D'Alema y de Marcello Stefanini, secretario administrativo del PDS.

Massimo d'Alema presentó ayer querella por calumnias contra Craxi y aseguró a los periodistas que no piensa retirar su candidatura para las próximas elecciones porque mientras no reciba el llamado aviso de garantía, no se considera sospechoso.