EE UU anuncia sanciones a Japón en un plazo de 30 días para forzarle a abrir sus mercados

Estados Unidos decidió ayer imponer sanciones económicas contra Japón, pero, ante el peligro de desencadenar una guerra comercial de consecuencias imprevisibles, retrasó la entrada en vigor de esta medida por un plazo de 30 días, según anunció el representante de Comercio, Mickey Kantor. La razón ha sido la violación de Japón de un acuerdo por el que se comprometía a abrir su mercado a la telefonía celular estadounidense. Las tensiones provocaron una nueva depreciación del dólar frente al yen, movimiento que ayuda a corregir el desequilibrio comercial que sufre EE UU con Japón, origen de la disputa. La divisa estadounidense ha caído un 20% frente a la nipona desde que Clinton llegó al poder.

La decisión de la Administración estadounidense de sancionar a Japón tiene como pretexto el caso Motorola. Las autoridades norteamericanas consideran que las dificultades encontradas por la compañía estadounidense Motorola para penetrar en Japón suponen la violación del acuerdo de 1 989 por el que el Gobierno nipón se comprometía a abrir su merca do de teléfonos celulares."Este es un ejemplo clásico de la determinación de Japón de mantener sus mercados cerrados, particularmente a los más amenazadores productos norteamericanos", declaró Kantor al anunciar que su Gobierno había decidido "hacer pública en 30 días una lista con las acciones comerciales propuestas".

Un alto funcionario norteamericano explicó que las sanciones sólo entrarían en vigor transcurrido ese plazo y una vez recibida la pertinente autorización del Congreso. Esto significa que EE UU, tan preocupado como Japón por la posibilidad de una guerra comercial, se conforma con enseñar los dientes, y le da a las autoridades niponas la posibilidad de ofrecer alguna alternativa antes de entrar en combate.

La decisión sobre el caso de Motorola es el primer asalto en el conflicto entre EE UU y Japón después de que el pasado viernes fracasaran las negociaciones bilaterales para crear un marco en el que fuese posible la reducción de los más de 50.000 millones de superávit comercial en favor de los japoneses.

El presidente Bill Clinton estimó en unas declaraciones que el caso de Motorola es "un ejemplo representativo" de cómo "un producto perfectamente competitivo en el mundo, tanto en precio como en calidad" es apartado del mercado con medidas políticas que violan el libre mercado.

La compañía Motorola se queja de que tiene únicamente 10.000 abonados en la región de Tokio-Nagoya, en comparación con los más de un millón que poseen las dos empresas japonesas rivales. Motorola considera que, en una situación de libre competencia, podría repetir en esa zona del país el volumen de clientes de que dispone en la región de Osaka, donde controla prácticamente la mitad del mercado.

Kantor anunció que las medidas de represalia serían por un importe equivalente a las pérdidas sufridas por la compañía. Motorola calcula que ha perdido entre 250 y 300 millones de dólares al año por la resistencia nipona a abrir su mercado. EE UU tiene previsto cargar un 100% los aranceles (impuestos a la importación) sobre diversos productos telefónicos japoneses. Una medida así equivaldría de hecho a impedir su entrada.

Subida del yen

Consciente de los perjuicios que eso supone, la Administración estadounidense está tratando de extender el plazo de las amenazas con la esperanza de que eso debilite la Bolsa de Tokio y suba la cotización del yen. En ese previsible escenario los funcionarios norteamericanos confían en que los japoneses hagan concesiones.Las relaciones entre Japón y Estados Unidos alcanzaron su punto de mayor enfrentamiento cuando el primer ministro nipón, Morihiro Hosokawa, en su reciente entrevista con Clinton se negó a aceptar la petición norteamericana de que se impongan mínimos cupos numéricos precisos para la entrada de productos estadounidenses en el mercado japonés.

La Administración no tendría dificultad para encontrar en el Congreso respaldo para las sanciones contra Japón. Al contrario, los líderes parlamentarios se han expresado en favor de pasar a la acción en defensa de los productos de exportación norteamericanos.