Giro autonómico

LA ENTREVISTA celebrada entre Felipe González y Jordi Pujol debería ayudar a colocar en su lugar la discusión sobre la profundización autonómica: el debate y la negociación transparente de fórmulas y modelos. Al menos eso es posible una vez que Pujol ha marcado distancias respecto a las atrabiliarias (desde el punto de vista constitucional) pretensiones de relacionar directamente la Generalitat con la Corona y remover todo el protocolo del Estado que contenía el documento de trabajo para el giro autonómico.

Esta reconducción es posible, e incluso no resulta descartable a medio plazo la perspectiva de un Gobierno de coalición. Pero para ello el nacionalismo de CiU debería renunciar de una vez a su secuencia preferida: estirar la cuerda reivindicativa al máximo, provocando reacciones desmesuradas sobre un supuesto peligro de la unidad de la patria, y aflojarla después, mientras se critica el exceso de las reacciones. Esta técnica la ha aplicado a propósitos tan variados como fortificar su protagonismo en los Juegos Olímpicos (para lo que amparó la campaña Freedom for Catalonia); capitalizar la reforma de la financiación -autonómica (votando en el congreso de CiU la reivindicación del 100% del IRPF cuando se discutía sobre el 15%) o, ahora mismo, ampliar su posición negociadora en el giro autonómico enarbolando en su documento de trabajo propuestas confederales, sabiendo que ése sería el lastre a arrojar posteriormente.

En este peligroso juego de la tensión, el nacionalismo catalán no es inocente. Que otros realimentan después esa espiral, está fuera de duda. Es lo que le suele suceder al Partido Popular (PP) en relación con asuntos relativos a Cataluña, sean éstos la cuestión lingüística o el incendio del Liceo. Fue el propio PP quien puso en circulación el término chantaje para criticar a CiU en el debate sobre la financiación autonómica. Y ahora simultanea ese discurso con el augurio, expresado por Alberto Ruiz Gallardón, de que que el PP gobernará en el futuro coligado con CiU. ¿En qué quedamos? Si CiU es chantajista, ¿a qué prefigurar tratos con esa formación? ¿No será más bien que esas críticas se relacionan con un intento de quebrar la estabilidad del Gobierno?

La delicada cuestión autonómica se convierte así en arma arrojadiza en la batalla Gobierno-oposición. Por desgracia, el PP no dispone aún de un diseño completo de lo que debe ser el Estado de las autonomías, aunque su viaje hacia el centro y su acceso a Gobiernos autónomos estén modificando -irregularmente- las actitudes populares de hace unos años.

Tampoco el PSOE ofrece claramente, más allá de la retórica. federal, un modelo articulado del punto de llegada del Estado autonómico, pese a los desarrollos que le ha aplicado el Gobierno (pacto para las autonomías de vía lenta, apertura del camino hacia la corresponsabilidad fiscal, promesas de delegación de competencias ... ). De modo que ambos pecan de lo que en mucha mayor medida adolecen los nacionalistas: ¿Cuál es su horizonte final, su punto de llegada, qué Estado quieren a dos décadas vista?

Al no disponer de modelos contrastables, salvo las referencias a la Constitución y su desarrollo, la dialéctica sobre la cuestión autonómica se establece en función de las exigencias nacionalistas. Éstas se encaminan siempre a ampliar las competencias autonómicas. Y como parece que unos sólo estiran y los otros sólo avanzan a borbotones o se resisten, se olvidan cuestiones básicas como la exigencia (artículo 103 de la Constitución) de que las administraciones actúen de -acuerdo con el principio de eficacia. El baile reivindicativo y las sucesivas dinámicas victimistas acaban por impedir a los ciudadanos el examen crítico de la obra de sus Gobiernos autónomos. Persiste así una irresponsabilidad política de las autonomías.

Los nacionalismos no pueden obviar su propia paternidad de este embrollo mediante las críticas (algunas justificadas) a los demás. Convergència i Unió mantiene irritantes ambigüedades: una práctica parlamentaria constitucional superpuesta a unas apelaciones retóricas extraconstitucionales. El documento de trabajo de la Generalitat para el giro autonómico expresa muy bien esa amalgama. La mayor parte de su contenido descentralizador se compagina bien con la idea de la profundización del Estado autonómico y de una lectura no restrictiva del estatuto que viene defendiendo Pujol (y políticos catalanes de otras tendencias): son las ideas constitucionalmente practicables. Pero a ellas se les añaden sueños confederales exorbitantes a la Carta Magna. Cuando estos sueños se conocen, la inquietud crece y surgen reacciones ciertamente desmesuradas. Y entonces el nacionalismo apela a las ideas y a la moderación. Aparece como bombero. Pero de un fuego que él mismo ha colaborado, al menos, a prender. Es un juego peligroso si se pretende efectuar un giro autonómico sólido y estable.