Auditor auditado
LA FIRMA auditora Coopers & Lybrand. (C&L)acaba de ser sancionada por el Instituto de Contabilidad y Auditores de Cuentas (ICAC) con una multa de 37 mi llones de pesetas -el 1,25% de la facturación de dicha empresa- por los informes realizados sobre las cuentas del Grupo Torras. En su momento, el auditor puso de relieve que el grupo tuvo unas pérdidas en 1991 de 29.395 millones de pesetas, contra los 2.751 millones de beneficio que había declarado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El problema es que el auditor se quedó corto. En diciembre de 1992, el Grupo Torras suspendió pagos y aparecieron unas pérdidas de 197.522 millones de pesetas entre 1991 y 1992. Según el ICAC, organismo de la Administración encargado de velar por la transparencia y la fiabilidad de los informes de auditoría, C&L no reflejó las incorrecciones cometidas por los responsables de dicho grupo en su gestión. La multa está en la banda baja en una escala que va del 1 % al 10% de la facturación de la entidad sancionada, por lo que puede considerarse leve. Su importancia radica, no obstante, en que por fin se ha abierto la brecha en unas actuaciones que hasta ahora gozaban de patente de corso, y en la que se escudaban, y escudan, algunas empresas para salvar incorrecciones que no aparecen en las salvedades del informe de auditoría (resumen en el que el auditor explica la situación de la entidad auditada para conocimiento de los accionistas de la misma).Hay que respaldar, por ello, la decisión del instituto. La existencia del ICAC, que apenas ha cumplido tres años, es desconocida por la falta de acciones del tipo de la sanción impuesta a C&L. Chocaba que no se hubieran tomado medidas pese a los abundantes casos de auditorías puestas en cuestión en los últimos años, como ahora mismo las de PSV o Banesto. La sanción relativa al caso Torras, componente del escándalo de KIO -que sigue coleando, con varias demandas y querellas contra los antiguos gestores aún no resueltas-, anuncia tal vez una actitud más estricta del organismo fiscalizador.
Naturalmente, lo deseable sería que el ICAC no tuviera que intervenir, pero los hechos demuestran que ante toda norma hay que colocar un vigilante. La especial sensibilidad ciudadana ante el rosario de escándalos financieros que han sacudido a nuestro país, y que están teniendo un reflejo muy negativo en medios extranjeros muy influyentes en los inversionistas internacionales, exige extremar el rigor. La sospecha de que algunas auditorías han ocultado o no han detectado la situación real de determinadas sociedades que han acabado necesitando cuantiosas ayudas de fondos públicos sólo puede diluirse con un eficaz control por parte del organismo responsable.
De momento, el ICAC ha abierto las verificaciones correspondientes a varias auditorías de gran impacto social y en las que han intervenido firmas prestigiosas: Ernst & Young en el caso de PSV, Price Waterhouse en Banesto y Arthur Andersen en la Corporación Banesto. Ante las voluminosas operaciones irregulares que se están descubriendo en tales casos puede haber sanciones de mayor o menor grado. No obstante, la mera apertura de expedientes de verificación es un hecho destacable. El mercado exige transparencia y las auditorías son el último mecanismo que tiene el inversor para verificar si las cuentas de la empresa son fiables.
