Los candidatos al ingreso en la UE rechazan los precios agrícolas que proponen los Doce

LLUÍS BASSETSLos cuatro países candidatos a ingresar en la Unión Europea (UE) -Austria, Finlandia, Suecia y Noruega- rechazaron ayer las propuestas formuladas por el Consejo de Ministros de la UE respecto a precios agrícolas y política regional, dos de los capítulos más conflictivos de la negociación, totalmente abierta todavía a 20 días del plazo final del 1 de marzo, marcado por el Parlamento Europeo para ratificar la adhesión y culminarla el 1 de enero de 1995. España tuvo que hacer un enorme esfuerzo para mantener en solitario la oposición al desmantelamiento de la actual política de ayudas a las regiones más desfavorecidas, que la Comisión Europea quiere descafeinar para dar entrada a las regiones árticas y subárticas.

El secretario de Estado para Asuntos Europeos, Carlos Westendorp, quiso ayer explicar la posición española a los periodistas de los países candidatos antes de que cundiera el pánico con la noticia de que Madrid bloqueaba la ampliación. Westendorp les dijo que España está claramente a favor de conceder una ayuda especial a las regiones árticas y subárticas, que necesitan apoyos de la UE en razón de la baja densidad de población, las distancias inmensas y las condiciones climáticas. El Gobierno español se opone, en cambio, a que el mecanismo utilizado sean las regiones Ramadas de Objetivo 1, es decir, las que tienen una renta de un 75% del PIB de la media comunitaria.La modificación de- los criterios de concesión de los fondos estructurales, destinados precisamente a eliminar las diferencias de renta entre las regiones más pobres y las más ricas de la UE, conduce, según los negociadores españoles, a una desnaturalización de la entera política regional europea.

La propuesta de la Comisión Europea cambia totalmente los criterios en cuanto a delimitacIones territoriales, hasta ahora circunscritas a las regiones, länder o autonomías, de forma que se permite el recorte en circunscripciones tipo provincia o comarca. Los cambia también en renta, de forma que entran regiones que se hallan por encima del 80% de la renta comunitaria.

La cantidad que está en juego, unos 200 millones de ecus (32.000 millones de pesetas), no es muy significativa, pero la. modificación de los criterios llevaría a grandes desequilibrios en los futuros repartos de fondos estructurales.

Según los argumentos de Madrid, el nuevo sistema conduciría a incluir más provincias españolas, pero también serían muchas más a repartir, e incluso sería posible, a base de recortar nuevas circunscripciones ricas, que una región como París tuviera zonas del Objetivo 1, según el ejemplo utilizado por un alto funcionario español. Donde en cambio se juega el grueso del presupuesto de la ampliación es en el de ayudas a los precios agrícolas, cuestión especialmente grave para Noruega y Finlandia, dos países que cuentan con unos precios protegidos el doble que los comunitarios.

La Comisión Europea propone la autorización de ayudas nacionales a las rentas de los agricultores durante un período determinado con el objetivo de situar los precios al nivel comunitario, mientras que el presupuesto europeo se encargaría de compensar a los agricultores con las restituciones a las exportaciones y los mismos mecanismos de la PAC (Política Agrícola Común), al igual que a los otros agriculores.

Estas ayudas significan unos 2.200 millones de ecus al año (352.000 millones de pesetas).

Los países de la adhesión quieren que la Unión se haga cargó de todas las ayudas, lo que equivaldría a obtener, en total, 4.000 millones de ecus (640.000 millones de pesetas) y que además sean permanentes. Los cuatro candidatos, contemplados hasta ahora como contribuyentes netos al presupuesto comunitario con una aportación evaluada en unos 2.000 millones de ecus (320.000 millones de pesetas), se convertirían en este caso en receptores netos de fondos comunitarios, a pesar de su nivel de vida y su renta mucho más elevados.