_
_
_
_

Interior pretende eliminar los cajeros automáticos que no tengan blindaje

Todos los bancos deberán suprimir los cajeros automáticos que actualmente tienen instalados en las fachadas y sustituirlos por cabinas con cristal blindado en el plazo de dos años, si prospera el proyecto de reglamento de seguridad privada elaborado por el Ministerio del Interior. El proyecto de Interior también está dispuesto a legalizar la figura de los guardaespaldas, quienes únicamente podrán actuar para defender la vida, la integridad física o la libertad del protegido, pero no su intimidad o su propia imagen.

La modificación prevista para los cajeros automáticos ha provocado provocado quejas de las entidades.Interior tiene ya listo el documento, que ha entregado a los 27 sectores afectados para que formulen sugerencias hasta el próximo día 27. La normativa afectará a casi 100.000 trabajadores, unos 70.000 de ellos vigilantes privados.

Entre las modificaciones previstas está la de limitar al 50% el número de servicios con armas que hoy prestan las empresas de seguridad, según fuentes oficiales. Los vigilantes no podrán portar su arma reglamentaria (un revólver del calibre 38) fuera de su puesto de trabajo, sino que tendrán que dejarla en armeros.

El proyecto obliga a las entidades bancarias a instalar cámaras de vídeo en sus sucursales y a tener durante 15 días las películas grabadas a disposición de la policía.

Vigilancia de urbanizaciones

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

En las urbanizaciones y polígonos industriales, el servicio de protección de vigilantes privados tendrá que ser autorizado por Interior en virtud de "razones excepcionales". Este dispositivo de seguridad será desempeñado al menos por dos guardias con equipos de transmisión y pertenecientes a una misma empresa. No podrán realizar identificaciones de personas y si lo hacen, deberán dar cuenta a la policía.

El proyecto de reglamento establece la imposibilidad de que agentes de las fuerzas de seguridad expulsados o separados del servicio actúen como vigilantes o detectives. Las empresas de seguridad han de constituirse en sociedades anónimas y tener un capital mínimo de 10 millones de pesetas. Cuando el reglamento entre en vigor, lo que se prevé para antes del próximo verano, "no será posible que haya un vigilante autónomo", según el secretario general técnico de Interior, Miguel Ángel Montañés.

Los guardaespaldas llevarán una pistola calibre 9 Parabellum y pueden ser sancionados sí incumplen las disposiciones legales, lo que supone una novedad.

Los cargos públicos no podrán disponer de escolta privada, sino que su protección correrá siempre a cargo de Fuerzas de Seguridad del Estado. La legalización del guardaespaldas permitirá retirar la escolta policial que ahora tienen varias decenas de empresarios u otros altos cargos de empresas privadas.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_