El Gobierno de Chiapas revisa la posible condena irregular de 2.000 presos

El Gobierno del Estado mexicano de Chiapas, renovado como consecuencia del levantamiento zapatista de Año Nuevo, revisa en estos momentos los expedientes de más de 2.000 presos comunes, para cuyas condenas jamás se tuvo en cuenta la situación social de la región. La decisión se incluye dentro de la política de reequilibrio social que se sigue últimamente contra esta maltratada región del sur del país y cuyo objetivo más inmediato es contribuir a ensanchar el clima de buena voluntad que exigen las conversaciones de paz.El nuevo gobernador de Chiapas, Javier Moreno, atendiendo a un requerimiento del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la región, ha llegado a la conclusión de que muchos de los reclusos, en su mayoría indios mayas, que cumplen condena en las prisiones de su Estado podrían haber llegado a esa situación de manera irregular o mediante la violación de los derechos más elementales de la persona.

Dada la política represiva que se ha venido ejerciendo en esta región por determinados gobernadores, entre ellos el todavía secuestrado Absalón Castellanos, se sospecha que muchos encarcelados en los últimos años por cuestiones políticas o agrarias podrían haber sido inducidos a aceptar cargos falsos en su contra. Todo esto, pese a que era un clamor generalizado, se ha sabido oficialmente ahora, después de la visita que hizo días pasados el presidente Carlos Salinas de Gortari a Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado.

Esta iniciativa, que se produce en un momento en que todo el país está pendiente del inicio de las conversaciones formales entre el Gobierno y la guerrilla zapatista en la selva chiapaneca, con anuncios del comisionado Manuel Camacho de que se persigue "una paz digna", coincide con otra importante decisión: la investigación a que está sometido el Ejército por su comportamiento represivo en los primeros días del levantamiento guerrillero.

El Ejército ha anunciado, a. través de sus mandos, que asumirá sus responsabilidades en caso de ser requerido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (gubernamental). De momento, todos los indicios apuntan que fueron soldados los autores de cinco ejecuciones sumarias que han sido detectada tras la exhumación de una fosa común con igual número de cadáveres en Ocosingo. Esta será una de las principales investigaciones que tendrán que afrontar los militares en los próximos días.