El Gobierno portugués envía a la fiscalía el 'caso Totta' y estudia anular las compras de Banesto

El Gobierno portugués ha decidido finalmente intervenir en el caso del Banco Totta y Açores, en el que Banesto posee una participación del 50%, justo el doble de lo que autoriza la ley, y ha enviado el asunto a la Fiscalía General de la República. El ministro de Finanzas, Eduardo Catroga, confirmó ayer ante la Comisión de Finanzas del Parlamento luso esta decisión y explicó que la Fiscalía es la que tiene la competencia para "requerir la declaración de nulidad de las adquisiciones efectuadas por entidades portuguesas, en nombre propio, pero por cuenta de entidades extranieras".

Esta posible nulidad, contemplada en la ley de privatizaciones, implicaría para el Banesto la pérdida tanto de los derechos políticos sobre el 25% del Totta que supera el límite autorizado como su misma propiedad. Además, correrían un serio peligro los créditos por 40.000 millones de pesetas que Mario Conde, como presidente de Banesto, concedió a una laberíntica red de sociedades pantalla para que compraran esas acciones. Banesto creó esa trama para adquirir un 25% del Totta sin aparecer como propietario real del paquete, utilizando los servicios del abogado lisboeta Menezes Falcáo. Para financiar la operación, Banesto concedió los créditos y utilizó sociedades instrumentales con sede en paraísos fiscales.Todas estas sociedades están ahora siendo investigadas por la inspección General de Finanzas, a fin de confirmar quién es su verdadero propietario y con qué fondos han comprado las acciones del Totta.

La intervención del ministro portugués se produjo a instacia del presidente de la comisión de economía y finanzas, el socialista Manuel dos Santos, quien formuló diversas preguntas sobre la actuación del gobierno ante las informaciones que señalaban que Banesto poseía una participación muy su perior a la declarada.

El gobierno portugués se encuentra ahora ante una verdadera encrucijada. Por un lado, la opinión pública del país considera que la actuación de Banesto es un atentado contra la soberanía nacional y acusa al gobierno de Cavaco Silva de pasividad. Éste abrió una vía diplomática a través de las negociaciones con el gobierno español, para encontrar una solución silenciosa del problema, pero estos esfuerzos parecen no haber dado resultados visibles.

En sentido contrario, el gobierno portugués teme una intervención de la Unión Europea, que mantiene su punto de mira sobre la legislación portuguesa que restringe la libertad de movimientos de los inversores comunitarios, al limitar su participación en las entidades financieras del país.

El desencadenante de la decisión del gobierno portugués de enviar el caso Totta a la fiscalía parece haber sido el hecho de que el nuevo consejo de administración de Banesto considera estratégica su participación del 50% en el Totta, tal y como comunicó Alfredo Sáenz a Catroga, en una visita relámpago a Lisboa. Las posibilidades de una solución pactada se redujeron notablemente.

Medios y poderes

De acuerdo con las manifestaciones del ministro de Finanzas, la fiscalía es la "que dispone de los medios y poderes instrumentales necesarios para profundizar la investigación de los hechos relevantes".El primer ministro, Cavaco Silva, había solicitado a los organismos competentes -la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones, la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios y el Banco de Portugal- sendos dictámenes. De acuerdo con las explicaciones dadas ayer por Catroga, "Ios pareceres emitidos por estos organismos, cuyas investigaciones se prolongaron durante varios meses debido a la complejidad de los hechos, no fueron concluyentes en cuanto a la existencia de pruebas directas que apunten en el sentido de irregularidades, pero si refieren la existencia de indicios".

[Banesto firmó ayer la venta de las acciones de su grupo agroindustrial chileno por 16 millones de dólares (unos 2.240 millones de pesetas) a cuatro empresas de los propios gerentes del grupo, informa Efe].