Espías a conocer

SI SE confirmaran los indicios de colaboración activa entre el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) y la red de ex agentes y antiguos colaboradores suyos dedicada al espionaje ¡legal del mundo empresarial en Barcelona, el asunto no sólo sería competencia de la justicia, en lo que tuviera de delictivo, sino que pasaría a ser un problema político grave del Gobierno. Estos indicios, conocidos al levantarse parcialmente el secreto del sumario del caso que investiga el Juzgado de Instrución número 32 de Barcelona, ponen seriamente en duda las afirmaciones del ministro de Defensa, Julián García Vargas, ante el Parlamento, y del director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, ante el titular de dicho juzgado, en el sentido de que tal colaboración no ha existido. De momento, los testimonios aportados al sumario apuntan a un trasvase de información desde la red de escuchas ¡legales a determinados mandos o agentes en activo del servicio de espionaje militar español.Lo más inquietante de tales testimonios es el abanico de incógnitas que abre: ¿conocían lo s receptores de tales informaciones el origen ilegal de las mismas? ¿Era esta relación una iniciativa autónoma de determinados agentes o, por el contrario, contaba con el visto bueno de sus superiores jerárquicos? ¿Tuvo sospechas el Gobierno y toleró aquello o, peor aún, Regó a beneficiarse de algún modo de las escuchas ¡legales en relación a los movimientos empresariales en los medios de comunicación que fueron el objetivo preferente de la red? Todas estas preguntas exigen una respuesta clara y, dentro de las coordenadas temporales del sumario, lo más rápida posible. Y no sólo por parte de la justicia.

El Gobierno no puede quedarse con los brazos cruzados ante la proliferación de indicios que cuestionan la actuación de un organismo -o al menos de algunos de sus miembros- bajo su directa dependencia y responsabilidad. García Vargas se comprometió ante el Parlamento el 10 de diciembre a investigar y castigar duramente las irregularidades que se sustancien. ¿Se ha hecho o se está haciendo alguna investigación interna para esclarecer eventuales res ponsabilidades administrativas y políticas, además de las penales?

Las tareas que los Estados encomiendan a sus servicios secretos cuentan con una protección legal especial y con garantías sobreañadidas que, por lo general, nadie cuestiona. La sociedad suele mostrarse comprensiva con el hecho de que las reglas de juego para estos servicios no sean exactamente las mismas que las vigentes para el resto de órganos del Estado. Pero ello no exime a los poderes públicos (Parlamento, Gobierno y jueces) y a la sociedad en su conjunto de vigilar atentamente para que tales protección y garantías sirvan para lo que están (la defensa de los legítimos intereses de Estado) y no sean cobertura y pretexto para actividades ¡legales. Ni siquiera sería permisible que esas tareas dieran lugar a algún tipo de beneficio gubernamental en el sentido de que sirvieran a los fines propios del partido que controla el Gobierno y administra el Estado. Mucho menos que no se investiguen ni se sancionen cuando, por una u otra causa, surge a la luz algún indicio que hace sospechar de su distorsión.

Es comprensible que el vicepresidente del Gobierno y el ministro de Defensa muestren su malestar por la demora policial en comunicar sus investigaciones sobre las escuchas ¡legales de Barcelona a los responsables del Cesid. Sobre todo, si tal demora es fruto de los ridículos e irresponsables ataques de celos corporativos que, con frecuencia, se lanzan entre sí los cuerpos de seguridad del Estado en su lucha común contra el delito. Pero eso es, al fin y al cabo, una cuestión menor al lado de la existencia de una trama ilegal de ex miembros del Cesid dedicada a vigilar y a extorsionar a empresarios, y de indicios que apuntan a una estrecha relación entre esta trama y miembros en activo del espionaje oficial. Esto inquieta a los ciudadanos con razón. Para tranquilizarlos en su confianza en el Estado de derecho, nada como aclarar el caso hasta sus últimas consecuencias y hacer pagar a quien se revele como culpable, cómplice o encubridor.