Desmantelada una red que introdujo ilegalmente a 3.000 dominicanos

Veintiséis personas, españolas y dominicanas, han sido detenidas como integrantes de una red de inmigración ilegal y trata de blancas. Empezaron hace unos tres años, y en ese tiempo han podido introducir unos 3.000 dominicanos en España, aprovechando el proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno en 1991. El presunto jefe de la organización, José Carlos Galeano Prada, de 33 años, usaba un despacho del consulado dominicano en Madrid. La Brigada de Documentación investiga posibles connivencias de funcionarios diplomáticos y policiales con la red.

Galeano tenía estrechas relaciones con funcionarios del consulado de la República Dominicana situado en el número 30 del Paseo de la Castellana. Junto a él han sido detenidos Paulino Díaz Peña, de 29 años, que también desarrollaba sus funciones en las dependencias diplomáticas; Úrsula Jiménez Hernández, Gladys, de 47 años; el también dominicano Martín Amezquita Reyes y el venezolano Hildemar Rodríguez. En agosto pasado, la cónsul dominicana determiné que Galeano y Jiménez dejaran de trabajar en las dependencias diplomáticas.La organización preparaba minuciosamente la introducción ilegal de los dominicanos: estos volaban desde Santo Domingo a Francfort (Alemania), país donde no necesitan visado para entrar; allí eran recogidos por miembros de la red, que les trasladaban a España en autocares, junto con peruanos y otros inmigrantes hispanoamericanos.

Los miembros de la red legalizaban a los inmigrantes aprovechando el proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno: a los dominicanos les hacían contratos falsos en los que figuraban como empleados domésticos. Dado que el Ministerio de Trabajo no podía comprobar con lupa la verosimilitud de los miles de documentos que tramitó durante ese proceso, nadie advirtió el fraude. La banda también aprovechó el plan de cupos de contratación de inmigrantes iniciado el año pasado.

Cientos de mujeres, que aparentemente fueron legalizadas como sirvientas, han acabado trabajando como prostitutas en clubs de alterne de Madrid, Segovia, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. De esta forma pagaban a la organización delictiva el medio millón de pesetas que costaba la introducción de cada una de ellas en España. Muchas se vieron obligadas a hipotecar sus bienes para costear su viaje.

Los cónsules

Galeano Prada, conocido como el Cónsul, había creado, una empresa ficticia en la que figuraba como director comercial. Úrsula, apodada la Cónsul, figuraba como jefe de personal. Ella se encargaba de reclutar mujeres que luego llevaba a clubes de carretera. Otro de sus cometidos era la preparación de matrimonios blancos -de conveniencia a cambio de cierto dinero- entre españoles y dominicanas. Tanto ellos como el resto de sus colaboradores frecuentaban los lugares de la ciudad donde se suele reunir la colonia dominicana.

El abogado español Paulino Díaz Peña les ayudaba presuntamente en estas falsificaciones de documentos, según fuentes policiales.

El venezolano Hildemar Rodríguez y Martina R. captaban inmigrantes en situación irregular y los ponían en contacto con los máximos responsables de la organización. Mientras duraba el trámite los alojaban en su casa.

En algunos casos, a pesar del pago de las cantidades pactadas con la red que los introdujo en España, los inmigrantes se vieron estafados porque nunca lograron el permiso de trabajo y residencia prometido.